Investigan si la cúpula de Acuamed infló el precio de obras en Torrevieja y El Campello

Acuamed, el brazo ejecutor del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para llevar a cabo toda clase de obras hidráulicas en las cuencas mediterráneas, principalmente las plantas desaladoras, era una bomba de relojería que estalló ayer, como consecuencia de las investigaciones iniciadas hace año y medio a raíz de una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción. En una acción coordinada, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil retuvieron a trece personas, entre ellos el director general del ente, Arcadio Mateo, y los delegados de la sociedad estatal en Valencia y Murcia, en el transcurso de la 'Operación Frontino' sobre «una trama que desde Acuamed presuntamente habría adjudicado fraudulentamente obras y/o falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias», según la Guardia Civil.

Son, calcula la Fiscalía Anticorrupción, decenas de millones de euros de dinero público malversado. Una fortuna pagada por el Ministerio durante al menos tres años, a sabiendas de que esas obras no valían ese precio. Una red organizada en la que participaron al menos 48 personas, entre altos funcionarios y empresarios, que se repartieron los sobrecostes de esas obras públicas para dar agua dulce a las provincias del este peninsular más azotadas por la sequía.

La trama desarticulada ayer por la Guardia Civil en el seno de la sociedad estatal Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas), dependiente del departamento que ahora dirige Isabel García Tejerina, hinchó contratos de inmensas obras hídricas por toda la cuenca del Mediterráneo, según las investigaciones del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado. Al otro lado de la trama estaban supuestamente los constructores agraciados con esas adjudicaciones. Presuntamente pagaron comisiones a los altos funcionarios de Acuamed a cambio de que éstos dieran su visto bueno «para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias».

En el punto de mira de la UCO hay decenas de obras en nueve de las diez provincias ribereñas del Mediterráneo (todas a excepción de Gerona), más Albacete, aunque, según fuentes de esta unidad, el grueso de las adjudicaciones bajo sospecha son por trabajos de 2013 a 2015 en las provincias de Murcia, Alicante y Almería. Los agentes buscaron durante todo el día papeles sobre los contratos, entre otros, de dos desaladoras de Almería y Torrevieja; de la red de aguas en El Campello; de las obras en el embalse de Cerro Colorado, en Murcia; y de la canalización desde la desaladora de Águilas, también en Murcia.

Según informó la Guardia Civil, en realidad se sospecha que hay irregularidades en todo tipo de adjudicaciones. «Las obras objeto de la presente investigación se encuentran relacionadas, entre otras, con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses», resumió la UCO en una nota. Los funcionarios de Grupo de Delitos Económicos -explicaron responsables de la operación- están estudiando contratos en todas las zonas «bajo influencia» de Acuamed. Esto es: las cuencas hidrográficas del Segura, Júcar, Ebro, cuenca Mediterránea Andaluza y cuencas internas de Cataluña.

Septiembre de 2014

La Guardia Civil investiga esta trama desde septiembre de 2014, cuando un exalto cargo de la propia Acuamed denunció los amaños para aumentar de forma ficticia el coste de las obras ante la Fiscalía Anticorrupción. Tras un año y medio de investigaciones, la UCO ha determinado que en la cúspide de esta red corrupta desmantelada en la denominada 'operación Frontino' estarían los dos máximos responsables de Acuamed. Su director general, Arcadio Mateo del Puerto, y la directora de Ingeniería y Construcción del ente, María Gabriela Mañueco Pfeiffer, de quien dependían directamente la supervisión de los contratos supuestamente hinchados. Ambos fueron detenidos en la sede central de la sociedad en Madrid, que fue registrada durante horas por la UCO.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, convocó para hoy el consejo de administración de Acuamed con un único punto en el orden del día en esa reunión urgente: destituir a Arcadio Mateo del Puerto.

Los agentes -bajo coordinación del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la fiscal Inmaculada Violán- también arrestaron a los dos delegados regionales de Acuamed en Murcia, Jaime M., que se encontraba en ese momento en Madrid, y al de Valencia, P.M.M, arrestado en la capital del Turia cuando iba a una reunión a la sede de Madrid.

De manera paralela, los funcionarios capturaron a otras nueve personas, la mayor parte empresarios. Al final, la operación se saldó con ocho personas arrestadas en Madrid, tres en Barcelona, una en Valencia y una en Alicante. A estos trece detenidos hay que sumar a otras 35 personas, a las que la Guardia Civil va a llamar a declarar en los próximos días en calidad de investigados (los antiguos imputados). Todos ellos -detenidos e investigados- están acusados de prevaricación, fraude y falsedad, entre otros delitos.

Los funcionarios además practicaron 16 registros en distintas sedes sociales de empresas y domicilios particulares, ocho de ellos en Madrid, tres en Valencia, dos en Murcia y uno Alicante, Barcelona y Tarragona, respectivamente.

El mundo del agua de las cuencas del Segura y del Júcar asistió atónito a la detención, en su domicilio de Madrid, de Arcadio Mateo, que tiene a su cargo decenas de proyectos en toda la ribera del Mediterráneo por cientos de millones de euros. También fue arrestada en su casa la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela M. P.

En el ámbito de la cuenca del Segura, Acuamed tiene a su cargo las desaladoras de Valdelentisco, Águilas y Torrevieja, las dos últimas pendiente de las canalizaciones; así como la restauración del río en Cieza y otros proyectos de infraestructura. Sus responsables estaban sobre aviso de la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción, que hace más de año y medio abrió diligencias y requirió información sobre presuntas irregularidades en las tuberías de la desaladora de Carboneras (Almería) al Valle de Almanzora. El fiscal investigó si el precio pagado a al constructora era superior al inicial. Asimismo, el fiscal trató de aclarar si había seguro en las obras de la desaladora del Bajo Almanzora, que quedó inutilizada por unas riadas en 2012.

Sorpresa

Por su parte, el presidente de la patronal de obra pública de Alicante, Fopa, Javier Verdú, una asociación que integra tanto a compañías de ámbito nacional como regional o provincial, no ocultó ayer su sorpresa por la operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. «Sé lo que están informando los medios de comunicación, no sé más, ni que se haya citado o registrado a empresarios de Alicante». «Conozco la empresa Acuamed, por las muchas licitaciones que ha realizado en los últimos años en importantes obras hídricas de toda la provincia», añade Javier Verdú.