Suspendido hasta junio el juicio por fraude fiscal de 6 millones en Hansa

El banquillo del Juzgado de lo Pena 1 de Alicante se quedó ayer frío. En él debían sentarse el máximo responsable de Hansa Urbana SA, Rafael Galea, y el empresario Enrique Ortiz por una operación inmobiliaria que podría constituir un presunto fraude de seis millones de euros a Hacienda. Junto al presidente de la promotora, antigua participada de la fulminada CAM, y el magnate alicantino están acusados también su cuñado y apoderado de algunas de sus empresas, Miguel Carratalá, y los empresarios Miguel Ballester, Vicente Pérez Cañas y Aurelio González Villarejo. Este último quedó fuera del caso por grave enfermedad.

Sin embargo, y pese a la gran expectación generada en el Palacio de Justicia, la incomparecencia por enfermedad de un inspector de Hacienda abocó el proceso a su aplazamiento. El Ministerio Público y la Abogacía del Estado solicitaron antes del comienzo del juicio la suspensión del mismo, ya que la presencia del perito resulta relevante para las acusaciones. La vista estaba prevista para ayer, hoy y mañana en maratonianas jornadas, algunos de los días, de mañana y tarde.

Los cinco procesados se enfrentan a sendas peticiones de cuatro años y medio de cárcel por un delito contra Hacienda y otro de falsedad documental, así como al pago de multas de diez millones de euros cada uno por estos hechos que se remontan al año 2005.

El calendario facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) deja para el 21 de junio la sesión para plantear las cuestiones previas y para el 4 de julio retomar el juicio con el interrogatorio de los acusados hasta el día 8 del mismo mes. El abogado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, adelantó que para la jornada cercana a las Fiestas de Hogueras no va a plantear cuestión de trascendencia, como pudiera ser la nulidad de actuaciones o la prescripción del delito, porque desea «entrar en el fondo del asunto cuanto antes».

Antes, los principales dueños del ladrillo en la ciudad de Alicante fueron haciendo acto de aparición por el Palacio de Justicia de la capital. Sobre la mesa, un presunto fraude de algo más de seis millones de euros por presuntamente tejer una trama para defraudar al fisco. La operación, según la describe la acusación pública, habría consistido en formalizar contratos de alquiler de nueve fincas rústicas para enmascarar que en realidad estaban destinadas a su venta.

Los implicados rehusaron hacer declaraciones antes y después del aplazamiento del juicio, como Rafael Galea, a quien solo se le oyó decir que «yo no comento nada, jamás». Es precisamente sobre este procesado en quien recae la acusación de formalizar los contratos de arrendamiento con las sociedades de Ortiz, Villarejo y el resto de empresarios. De este modo, la fincas bajo sospecha podrían figurar como inmovilizado en los balances de la promotora.

Finalmente, los terrenos, divididos en dos lotes, acabaron en manos de firmas investigadas. Es decir, el Ministerio Público sostiene que los pagos de arrendamiento resultaron en realidad como anticipo para una futura venta. Sin embargo, la operación les granjeó a los acusados jugosos beneficios fiscales.

Por la puerta de atrás

Al final de la jornada judicial, el empresario abandonó el Palacio de Justicia por el acceso trasero, que está reservado para los servicios de la sede judicial. Ortiz, junto con otros de sus colaboradores, pudo así salir de la vetusta instalación de la cárcel del barrio de Benalúa sin desfilar ante el buen número de periodistas que le aguardaban en la entrada principal. El servicio de vigilancia de los juzgados indicó que contaban con el permiso de la autoridad judicial para usar esa salida y escapar de los objetivos de los medios de comunicación.

Mientras, el letrado de Ortiz, Ruiz Marco, aseguró ante las cámaras que «demostraré que mi cliente no participó en el delito de nadie». De hecho, el abogado recordó que su cliente carece de «deudas tributarias» y solo está considerado como cooperador necesario en el presunto fraude fiscal y la falsificación de contratos.