La juez investiga un fraude de siete millones en el IVAM

Malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental son los tres presuntos delitos que la juez imputa a Consuelo Císcar y a sus cuatro subdirectores del IVAM. Las irregularidades investigadas por el juzgado número 21 de Valencia se ciñen a los ejercicios de 2009 a 2013 -Císcar ocupó la dirección de la pinacoteca de 2004 a 2014- y se basan en el informe de la Intervención General de la Generalitat y en otro elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).

En el auto judicial se recogen beneficios a artistas, facturas irregulares a favor del personal de confianza de Consuelo Císcar y pagos injustificados a empresas. Todo por valor superior a más de siete millones de euros, es decir, se investiga un presunto desfalco cuya cantidad supera el presupuesto del IVAM para 2016, que asciende a 5,6 millones.

Las irregularidades en la adquisición de obra detalladas en el auto superan los 2.600.000 millones. En esta cifra está incluida la compra de las esculturas de Gerardo Rueda: «la señora Císcar ordena la adquisición de estas obras que no estaban realizadas (el autor había fallecido siete años antes) beneficiando con ello al heredero del artista en una cantidad superior a los dos millones de euros». El hijo de Rueda no fue el único beneficiado por las compras de la exdirectora ya que, en el auto, incluyen «beneficios» para Julio Quaresma (30.000 euros), Javier Arce (9.000 euros ) y Natividad Navalón (50.000 euros). Estas cantidades suponen la diferencia entre lo que pagó el IVAM y la tasación externa.

El escrito del juzgado constata «deficiencias» en las 63 adquiridas a la galería Espacio Tao, regentada por Gao Ping (cabecilla de supuesta trama del 'caso Emperador'), por ejemplo «no consta la comunicación (por parte de la Comisión de Adquisición de Obras de Arte) de siete obras por un importe total de 219.680 euros».

En el apartado de publicaciones las irregularidades superan los tres millones de euros. En el auto se detalla que se facturó 2.369.848 euros a la editorial de 'Cuadernos del IVAM' sin «justificación de los objetivos» y sin probar que esta publicación «sea la manera eficiente, eficaz y económica de alcanzarlos»; algunos números se contratan «prescindiendo del procedimiento legalmente establecido» y con «informes desfavorables de la jefa de departamento».

«Deficiencias»

La investigación judicial también detecta «deficiencias» en los catálogos realizados con motivos de las exposiciones. Así, el auto detalla que de las publicaciones de la muestra 'Donaciones' «no se justifica de manera suficiente la entrega de 195 ejemplares valorados en 11.025 euros' y certifica un «sobrecoste de 41.954 euros» en otros catálogos.

En el apartado denominado 'Servicios de profesionales independientes', el desvío económico incluido en el auto supera el 1.300.000 euros. De esta cantidad, el texto judicial destaca el pago en concepto de «colaboración literaria» de enero de 2009 a febrero de 2012 a Norberto Martínez, subdirector de Publicaciones, que asciende a 812. 000 (a razón de 2.800 euros al mes). El escrito detalla: «No consta la formalización del contrato con esta persona para la prestación de tales servicios».

Otra cantidad dentro de los gastos de 'Servicios de profesionales independientes' es el pago de 213.000 euros a favor de Miguel Ángel Sazatornill por «contratos de coordinación cultural en Asia». Según el auto, «no consta en el IVAM ningún procedimiento de licitación y adjudicación de tal servicio» y «el pago del precio del contrato se realiza antes de la fecha de finalización del mismo».

El IVAM, además, contrató los servicios de la empresa Omix Records, cuyo representante es Joaquín Martínez Tebar, conocido como Ximo Tebar. A esta firma se le abona una factura de 649.993 euros por «una propuesta de música de jazz de forma estable en varias vertientes». La investigación «aprecia una clara irregularidad» en «seis facturas por importe superior a 50.000 euros -que suman 300.000 euros- por servicios de sonorización e iluminación que no tendrían que haberse facturado al haber sido objeto del contrato».

El auto también recoge el pago de 63.830 euros «sin informe previo que lo justifique» a Tomás Belaire Parra por el servicio de traducción al valenciano «a pesar de que la Generalitat cuenta con un servicio de traducción».

«Cócteles y similares»

En el apartado de publicidad, propaganda y relaciones públicas el juzgado investiga un desvío económico de más de 300.000 euros. Así, el auto detalla que de los 229.789 euros gastados en «almuerzos, comidas, cócteles y similares» no se justifica el 84% del importe, es decir, el IVAM gastó 193.022 euros en actos donde no «se acreditan los motivos que justifican» su celebración.

En cuanto al gasto de viajes y alojamiento, el auto ve irregularidades por valor de 114.805 euros, como 12.000 euros en desplazamientos de miembros del consejo rector en Uruguay o estancias de 45.650 euros por la celebración de Simposium Diálogos Iberoamericanos «que se extienden antes de iniciarse y un vez clausurado» el congreso.

Todas estas cifras aparecen en el auto que señala a la exdirectora y a su cúpula (los subdirectores Juan Carlos Lledó, Juan Bría, Norberto Martínez y Raquel Gutiérrez) «criminalmente responsables» de los presuntos delitos de malversación, falsedad y prevaricación.