Los testigos implican en el escándalo al subsecretario de Presidencia

El punto de mira del 'caso Acuamed' se ha desplazado hacia el subsecretario de Presidencia, Federico Ramos, que ejerció como secretario de estado de Medio Ambiente hasta el pasado mes de junio, lo cual llevaba aparejada la presidencia de la sociedad estatal durante los años en los que se produjo el supuesto fraude que investigan la Fiscalía Anticorrupción y el juez Eloy Velasco. Varios de los testigos señalaron en sus interrogatorios ante el magistrado de la Audiencia Nacional que Federico Ramos participó supuestamente en las reuniones en las que Acuamed pudo amañar sobrecostes de 40 millones de euros a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

El anterior responsable de la política del agua en España cambió de destino el verano pasado para integrarse en el equipo de la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría. Su puesto en Agricultura fue ocupado por Pablo Saavedra, que compareció el martes para anunciar que se revisarán todos los contratos de Acuamed. La directora general del Agua, Liana Ardiles, figura como vicepresidenta de la sociedad estatal.

Federico Ramos tuvo un papel destacado en la negociación del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura con los regantes y las cinco comunidades autónomas afectadas. Fuentes del PP comentaron ayer que no tenían por qué dudar en estos momentos de la gestión de Ramos y destacaron su condición de abogado del Estado.

En el Ministerio de Agricultura se vive una situación de auténtica conmoción desde que estalló el escándalo. La intranquilidad va en paralelo al desarrollo de la investigación judicial. La ministra en funciones, Isabel García-Tejerina, indicó que piensa comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre una sociedad estatal que maneja un abultado presupuesto con proyectos que sumaban más de 4.200 millones de euros en el año 2011.

Una reunión comprometida

Según explicó en su auto el juez Eloy Velasco, ese sobrecoste de 40 millones viene de una inundación en la desaladora del Bajo Almanzora (Almería), adjudicataria de Abengoa y de FCC. El ente público no reclamó a las constructoras que cubrieran la reparación del aluvión, ya que al parecer no se había sucrito un seguro. Sin embargo, el director de Acuamed y principal imputado, Arcadio Mateo, pagó el 40% de los desperfectos a cambio de que FCC pagara el 60% (40 millones). Pero ese dinero se le 'devolvió' a FCC a través de otra adjudicación amañada e hinchada, «mediante compensaciones en otras obras, al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio» de Agricultura. El magistrado reveló que se trató del contrato de la descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona, adjudicado a FCC por 180 millones de euros, hinchado con partidas «irreales».

Según informaron a Efe fuentes jurídicas, testigos exempleados de la empresa pública Acuamed, varios de ellos ingenieros, afirmaron al juez que la reunión en la que supuestamente se trató de compensar de forma ilegal a FCC se celebró en el Ministerio de Agricultura y que a ella acudió Ramos.

La investigación a Acuamed desembocó en la detención de 13 personas, de los que cinco ingresaron el miércoles en prisión sin fianza. El delegado de Murcia, Jaime de Miguel, ha indicado a través de terceras personas que no fue detenido el lunes. Su oficina fue registrada ese día por los UCO.

La ministra de Fomento, en funciones, Ana Pastor, pidió «dejar actuar» a la Justicia para que «llegue hasta las últimas consecuencias y el que la haga, la pague».