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Condenan a cinco acusados por el desfalco de Mercalicante hace 15 años

La Audiencia absuelve al contable, el único acusado por la Fiscalía Anticorrupción, e impone penas mínimas por el reparto de 2,7 millones de euros defraudados

Luis Candela

Sábado, 23 de enero 2016, 00:35

Un tribunal ha absuelto al que fuera contable de Mercalicante por el desfalco millonario registrado en esta empresa de capital público hace 15 años, aunque ha impuesto penas de entre 5 y 11 meses de cárcel, que en total suman cuatro años, a cinco administradores y directivos de mercantiles contratadas por ella. Además, la Sala les condena al pago de multas por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil. La sentencia se alinea con las tesis de las acusaciones particulares personadas en la causa, las de la propia empresa saqueada y la del Ayuntamiento de Alicante, frente a las mantenidas por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

  • Fraude.

  • La Audiencia cifra la responsabilidad económica de los acusados en 2,7 millones de los más de cinco que supuso el desfalco de la empresa.

  • Prisión.

  • El tribunal impone penas que en total suman cuatro años de cárcel y multas.

  • Desaparecido.

  • El exgerente, José Emilio Clavero, sigue en busca y captura, por lo que no pudo ser juzgado en mayo.

  • Sin políticos.

  • El fiscal responsabilizaba al exalcalde Alperi y a dos exediles por permitir el fraude.

El Ministerio Público solo acusó en el juicio, celebrado el pasado mes de mayo en la Audiencia Provincial alicantina, a Miguel Ángel Ramo, jefe de Contabilidad de Mercalicante cuando se produjo el fraude por un importe cercano a los 6 millones de euros, pero las acusaciones particulares le exculpaban y centraban su petición de penas para los empresarios que contrataron con la firma pública. El fiscal retiró la acusación contra el resto de implicados, por lo que el tribunal ha fallado todo lo contrario.

No obstante, el principal implicado en este proceso, el exgerente José Emilio Clavero, no ha podido ser juzgado todavía porque se encuentra en paradero desconocido y huido de la Justicia desde 2013, al igual que otro empresario.

Las acusaciones particulares piden para él una pena de 22 años de prisión por el desfalco millonario. La exmujer de Clavero, la séptima acusada que se sentó en el banquillo el pasado mayo, ha resultado absuelta del delito de alzamiento de bienes que se le atribuía tras su separación del sospechoso.

Pese a ello, a ojos de Anticorrupción, la actuación del entonces gerente era conocida y consentida por acción u omisión por la comisión ejecutiva de Mercalicante, en la que participaban el entonces alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, y dos concejales del PP, junto a dos directivos de la empresa estatal Mercasa. Todos ellos fueron exonerados de cualquier responsabilidad penal durante la instrucción de la causa por la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El fiscal Felipe Briones aseguró durante la celebración del juicio, el pasado mayo, que «examinando los controles, se evidencia imposible que el gerente cometiera tantas fechorías como se le atribuye sin el conocimiento ni el consentimiento de su comisión ejecutiva».

La sentencia dictada ahora por la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante culpa solo a los responsables de unas naves industriales alquiladas a Mercalicante y a los de una empresa contratada para desarrollar un mercado electrónico de frutas y verduras de delitos de estafa y falsedad documental, y establece para ellos penas que suma en su conjunto cuatro años y medio de prisión.

El tribunal sostiene que no ha quedado acreditada la connivencia del entonces contable, Miguel Ángel Ramo, con las falsificaciones de reconocimientos de deudas y otras irregularidades atribuidas a Clavero, por lo que le absuelve.

Por otro lado, aplica a los cinco condenados la atenuante de dilaciones indebidas, de forma que les impone las mínimas penas previstas por la ley, y cifra el montante con que deberán indemnizar a Mercalicante en su conjunto por su actuación delictiva en 2.670.000 euros.

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