El 'caso Imelsa', el séptimo que afecta al PPCV en los últimos siete años

El caso Imelsa es el último que ha afectado a exdirigentes del PPCV desde que en 2009 arrancara el caso Gürtel, al que posteriormente se sumaron investigaciones judiciales que han implicado a cargos institucionales u orgánicos populares, como Emarsa, Nóos, Cooperación, Brugal, el caso Fabra o Avialsa.

El caso Gürtel, iniciado en febrero de 2009 por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, tuvo sus primeras repercusiones en la Comunitat Valenciana en la llamada "causa de los trajes", que en julio de 2011 conllevó que Francisco Camps dimitiera como president de la Generalitat tras la apertura de juicio oral.

En enero de 2012, tanto Camps como el exsecretario regional del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) Ricardo Costa -quien en octubre de 2009 fue destituido de sus cargos en el partido- fueron declarados no culpables de un delito continuado de cohecho impropio, decisión que el Tribunal Supremo ratificó en abril de 2013.

Pero la rama valenciana del caso Gürtel tiene un desarrollo mayor, y después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat la asumiera en mayo de 2011, se abrieron seis piezas separadas, sobre supuesta financiación irregular del PPCV, sobre los contratos de la Generalitat con la trama o sobre la cobertura de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006.

En la actualidad, una de esas piezas se está juzgando en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la referida a los contratos para el expositor de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, donde hay procesadas dos exconselleras de Turismo, mientras que las otras cinco piezas han pasado a la Audiencia Nacional al no quedar aforados.

Entre los imputados en esas piezas, figuran varios exconsellers de Francisco Camps (como Vicente Rambla, Juan Cotino, Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado, Milagrosa Martínez y Angélica Such), además de varios exdiputados autonómicos del PP, como David Serra, Ricardo Costa o Yolanda García.

De hecho, al inicio de la pasada legislatura el PP llegó a tener en el grupo popular de Les Corts diez imputados en distintas causas judiciales, entre ellos dos imputados en el caso Brugal, los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, quien también estuvo procesado por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio.

El caso Brugal también llevó a la imputación del expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, con la particularidad de que tres expresidentes del PP de las tres Diputaciones provinciales de la Comunitat han sido imputados en distintos casos: el de Castellón, Carlos Fabra, y el de Valencia, Alfonso Rus.

El que fuera presidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra, ingresó en prisión en diciembre de 2014 para cumplir una condena de cuatro años de cárcel por delitos fiscales, después de un proceso judicial que duró casi diez años, por el que pasaron nueve jueces y cuatro fiscales.

El caso Emarsa, que investiga el supuesto saqueo de al menos 23 millones de euros entre 2004 y 2010 de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo (Valencia), está pendiente de celebrar el juicio oral contra 24 imputados, entre ellos el exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación Enrique Crespo.

El caso de Cooperación acabó con el ingreso en prisión, el pasado mes de junio, del exconseller Rafael Blasco para cumplir una condena de seis años y medio de cárcel por el desvío de fondos públicos de la Generalitat dirigidos a cooperación internacional en Nicaragua, aunque se están instruyendo otras dos piezas en las que Blasco también está imputado.

El caso Nóos, que actualmente se juzga en la Audiencia de Palma y en el que se investigan los contratos públicos que recibió entre 2004 y 2007 el Instituto presidido por Iñaki Urdangarin de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia para organizar actos sobre deporte, tiene cinco valencianos en el banquillo de los acusados.

Entre ellos, el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, cuya mujer, la exedil María José Alcón, fue detenida ayer en el marco del caso Imelsa, que investiga una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas valencianas desde las que supuestamente se amañaban contratos para percibir comisiones ilegales.

Entre los detenidos e investigados en este último caso, figuran el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus; dos de sus vicepresidentes y su jefe de gabinete, así como el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, a los que el partido ha abierto expediente y ha acordado la suspensión cautelar.

El penúltimo caso que afectó a un exdirigente de PPCV es el conocido como caso Avialsa, donde el exconseller Serafín Castellano fue detenido cuando era delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y está siendo investigado por el supuesto amaño de contratos de servicios de extinción de incendios.