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Mercedes Alonso.
Nuevas grabaciones del 'caso Brugal' implicarían a Mercedes Alonso y Enrique Ortiz

Nuevas grabaciones del 'caso Brugal' implicarían a Mercedes Alonso y Enrique Ortiz

Compromís pide la dimisión de la exalcaldesa de Elche por un presunto tráfico de influencias

R. A.

Domingo, 31 de enero 2016, 00:38

Nuevas grabaciones contenidas en el sumario del 'caso Brugal' implicarían a la exalcaldesas de Elche, Mercedes Alonso, con el empresario Enrique Ortiz. Compromís acusó a Alonso de un presunto tráfico de influencias y de dar «un trato privilegiado» al constructor alicantino -investigado en varias causas judiciales como el 'caso PGOU' y el 'caso Rabasa', entre otras-, por lo que pide su dimisión.

El programa 'Las mañanas de Cuatro' hizo públicas estas conversaciones de las que se desprende que, según Compromís, Alonso «le indicaría que le quiere pasar información y le pediría que él realizara un informe para poder quedarse con el contrato de basuras de Elche».

En los audios hechos públicos por este programa de televisión, Enrique Ortiz le pregunta a Alonso: «Qué tienes por ahí para...?», a lo que ella le contesta: «Te llevé lo del pliego, pero tenemos las condiciones de mejora, o sea, las mejoras y están incumpliendo todo. Entonces, necesitaríamos algún técnico que confirmara si esa maquinaria está allí, no está». Supuestamente hablan de la contrata de basuras de Elche.

La respuesta

El constructor continúa la conversación: «Hazme una relación de anomalías y yo te mando un técnico [...] Nosotros te hacemos un informe sobre el tema». Para Compromís per Elx, «esta circunstancia nos hace deducir el tráfico de influencias que se hubieran mantenido por parte de la exalcaldesa Mercedes Alonso con el empresario Ortiz y que hubiera supuesto que Ortiz tenía un trato privilegiado y una información privilegiada por parte de la misma alcaldesa para favorecer sus negocios respecto a la gestión de las basuras de Elche».

Según la portavoz de Compromís en Elche y diputada en las Corts, Mireia Mollà, «es intolerable que, teniendo en cuenta las circunstancias que se están dando respecto a las tramas de corrupción y las posibles mordidas que hubieran recibido los políticos para favorecer los negocios de determinados empresarios, que Alonso continué formando parte de la Corporación municipal».

Solicita una investigación referente a la ampliación del contrato que se le hizo a Urbaser, adjudicataria de la contrata de basuras en el municipio, «teniendo en cuenta que estas conversaciones entre la exalcaldesa de Elche y el empresario, se produjeron en el transcurso de esta operación».

«También queremos saber los posibles incumplimientos del contrato que se hubieran podido hacer y las causas por las cuales Alonso quería desviar la gestión de residuos de Elche a la empresa de Ortiz», reclamó.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Elche y alcalde ilicitano, Carlos González, exigió a la portavoz municipal del PP y exalcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, que «dé explicaciones convincentes y aclaratorias de la conversación mantenida con Ortiz y el tono connivente empleado en la misma, que despeje las dudas porque es preocupante para los ilicitanos ver cómo la entonces alcaldesa solicitaba sin tapujos ayuda y colaboración del empresario para elaborar el pliego de condiciones y las mejoras». El líder de los socialistas Ilicitanos reclama a Mercedes Alonso que explique «las auténticas pretensiones y su vinculación real con el empresario clave del 'caso Brugal'».

Para González, «la sombra de la duda se cierne sobre la prórroga de la contrata más importante del Ayuntamiento», por lo le reiteran a Alonso para que dé explicaciones «convincentes» de forma urgente de sus «auténticas» pretensiones con Ortiz. «El origen de los problemas del servicio de limpieza está en esa incomprensible prórroga que fue lesiva para el interés general y municipal», manifestó al actual regidor ilicitano.

Las conversaciones con Ortiz le suenan a González «muy mal, pero lo que realmente huele mal es la asombrosa prórroga del contrato de la basura hasta 19 años forzando la legalidad y sin mejoras relevantes en el servicio».

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