Catorce parados alicantinos se quedan cada día sin prestación desde el inicio de la crisis

Catorce ciudadanos de la provincia de Alicante que se hallaban en paro perdieron diariamente el derecho a las prestaciones contributivas, asistenciales o renta activa de inserción desde que arreció la crisis económica, a finales del año 2009. Desde entonces, ha crecido la cifra de personas desempleadas sin ninguna cobertura social en 36.763. El sindicato mayoritario UGT, que lo achaca sobre todo al endurecimiento de los requisitos del real decreto de recortes del Gobierno de España en el año 2012, para cumplir con las exigencias impuestas desde Bruselas, y a la precariedad laboral del dominante sector de los servicios, habla ya sin tapujos de «auténtica situación de emergencia social para lo que hace falta una respuesta inmediata».

En la actualidad (hoy dará a conocer el Ministerio de Trabajo el dato del paro de enero), una de cada dos personas en desempleo está en serio riesgo de exclusión social debido a que agota toda posibilidad de percibir prestaciones en cualquier de sus modalidades. Apenas sí les queda el recurso de la renta garantizada de ciudadanía, una ayuda establecida en el Estatuto de Autonomía cuya regulación y aplicación sufre muchos retrasos desde hace años, como puso de relieve hace unos días el informe de 2014 de la Dirección General de Servicios para la familia y la infancia, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La situación, sin embargo, no ha dejado de empeorar desde que realmente golpeó la recesión, como vienen alertando los sindicatos. Al cierre de 2015, el porcentaje de alicantinos sin prestación era del 54,60% tras sumar 100.696 personas. Cuando se clausuró el año 2009, la cifra sumaba 63.933 alicantinos, lo que suponía el 32,78% de quienes estaban en situación técnica de parado.

Del 32% se pasó un año después al 36,43%, en el 2011 ya suponía el 44,29% y en 2012 y 2013, en el epicentro de la crisis, ya se elevaba la cifra al 48,5% y el 50,7%. Pero en los dos últimos años de ligera recuperación económica y del mercado laboral tampoco se ha dejado sentir una buena evolución, por mínima que fuera. De hecho, el porcentaje de parados sin prestación se elevó en 2014 al 54,42% y aún más en 2015 al 54,60%.

Ni las 18.780 personas que han salido de la bolsa del desempleo en el último año según el Inem o 15.200 según la EPA del Ine, el mejor dato desde que se tienen registros históricos desde mediados de los años 90 en el primer caso, han permitido que la situación de los parados sin cobertura deje de agravarse. De hecho, ni las 10.630 personas que hay ahora paradas menos que en 2009 han incidido lo más mínimo en esta dramática estadística, precisamente por el argumento que utiliza la responsable de Empleo de UGT, Yaisel Sánchez Orta. Según ella, el endurecimiento de los requisitos para percibir la prestación contributiva ha sido determinante tras el RD 20/2012 de 13 de julio. «Cada vez se protege a menos personas paradas y con prestaciones más pequeñas, a lo que se le añade la sangría sufrida en los presupuestos generales vinculados al descenso de la partida en prestaciones por desempleo de forma continuada en la última legislatura del PP». De hecho, si en 2009 había 131.116 parados con derecho al cobro de la prestación, la cifra no ha parado de descender, especialmente a partir de 2012, cuando ya había 16.000 personas menos. El guarismo bajó un año después hasta 94.643 y el pasado ejercicio se cerró con 83.723. Es decir, hay ahora mismo 47.393 parados menos con prestación que en el año 2009, lo que supone que cada día desde el inicio de la crisis 18 alicantinos han dejado de tener ese derecho, incluidos los fines de semana y festivos. Solo en el último año 2015, de teórica recuperación en Alicante, como demuestra la estadística laboral, 10.920 alicantinos han perdido esa prerrogativa para seguir comprando alimentos o pagando la hipoteca de su casa y los servicios básicos.

Más precariedad

UGT añade, además del endurecimiento de los requisitos, dos factores de peso más: la mayor precarización laboral, por la gran dependencia del sector servicios (8.348 de los 18.780 parados menos que anotó la provincia en 2015 corresponden al sector servicios, en muchos casos con contratos a tiempo parcial además de eventuales), lo que impide sumar nuevas cotizaciones a la Seguridad Social para una reapertura de la prestación; y por el incremento exponencial del paro de larga duración, con unos ciudadanos mucho más imposibilitados a reengancharse en el mercado laboral, como destaca Sánchez, que califica la situación de emergencia. Cree que la cifra de personas sin prestaciones aún puede ser mayor si se compara con el dato de paro de EPA (206.300).