Enrique Ortiz reclama daños y perjuicios al Consistorio por excluirle de los concursos

Enrique Ortiz ha pasado de llevarse la mayoría de las contratas del Ayuntamiento de Alicante a las que presentaba una oferta, en ocasiones con adjudicaciones polémicas, a ser ignorado en los procesos y pelear incluso por las migajas, las obras menores. El empresario, imputado junto a la exalcaldesa Sonia Castedo por los casos PGOU y Rabasa, ha presentado al menos dos quejas ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, por entender que se ha apartado deliberadamente a su empresa Tizor de procedimientos abiertos para contratar obras menores. Reclama incluso daños y perjuicios.

Estos recursos especiales en materia de contratación, presentados en enero, han sido inadmitidos por el Tribunal ministerial, pero no porque no los considere justificados, sino por determinar que el objeto no es de su competencia. Aún así, han sido remitidos al órgano de contratación, esto es, al Ayuntamiento, para que determine si admite su tramitación como recurso administrativo. Desde el Ayuntamiento, no obstante, defienden que estos procesos de contratación están ya «cerrados».

En los recursos, Tizor expone que en diciembre el Ayuntamiento acordó, mediante decretos de Urbanismo y de Contratación, la definición como contrato menor y la adjudicación de dos obras. Una de asfaltado de la Gran Vía en el tramo del Puente Rojo y otra de reparación, conservación y mantenimiento de varias calzadas en Rebolledo. La primera se adjudicó por 30.567 euros más IVA a Aglomerados Los Serranos y la segunda por 56.140 euros más IVA a Pavasal.

Explica que unas semanas antes, el 19 de noviembre, Tizor había presentado escrito en el Ayuntamiento en el que manifestaba tener conocimiento de que se iban a licitar estas dos obras y en el que solicitaba que se le invitara a estas licitaciones o a otras similares.

Al enterarse de que se había iniciado el proceso de contratación sin contar con ella, Tizor presentó en el Ayuntamiento un recurso especial en materia de contratación en el que manifiesta que ha tenido conocimiento de que el Ayuntamiento ha invitado a varias empresas a la licitación, sin haber atendido su solicitud de noviembre.

Considera que al no haber sido invitada, el Ayuntamiento «incumple su obligación de aceptar las solicitudes de participación y presentación de ofertas en un procedimiento negociado y sin publicidad». Por ello, solicita que se declaren nulas las actuaciones y que se le indemnice por «los daños y perjuicios ocasionados a la empresa».

El Ayuntamiento da traslado, como es su obligación, de los dos recursos al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, junto con dos informes en los que justifica que los contratos cuya tramitación se quiere impugnar «dado su valor estimado, no son susceptibles de recurso especial».

Algo en lo que el Tribunal ha acabado por darle la razón al Ayuntamiento, aunque no da por terminado el proceso, dado que considera que la actuación podría ser susceptible de un recurso administrativo, dado que, señala, «el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter».

Sin embargo, para el Ayuntamiento, según explicaron desde Contratación, ambos casos están «cerrados» con la inadmisión de los recursos especiales.

Vive de las rentas

Estos esfuerzos de Ortiz por hacerse incluso con los pequeños contratos del Ayuntamiento dan una idea de su desesperación por el tapón que para sus intereses ha sido la llegada al Gobierno local de un tripartito claramente hostil a sus intereses.

Y eso que el empresario no puede quejarse porque vive de las rentas y aún tiene en sus manos las grandes contratas que se le adjudicaron en pasadas legislaturas. Algunas de ellas con bastante polémica. Se trata de la contrata de mayor cuantía del Ayuntamiento, la de limpieza y recogida de residuos, que se le adjudicó a mediados de 2013 por una media de 35 millones de euros al año y por un periodo mínimo de ocho años de concesión.

También conserva, por el momento, las de limpieza y mantenimiento de colegios y la de mantenimiento del Cementerio, aunque fuera de contrato, porque el tripartito no se pone de acuerdo a la hora de decidir si las municipaliza o no.

Eso sí, cuando ha dependido del nuevo tripartito, a Ortiz no le han salido tan bien las cosas, ya que todavía no le han adjudicado ningún contrato. Presentó la mejor oferta al concurso de obras para acabar el Observatorio de Medio Ambiente, pero fue considerada baja temeraria y rechazada. En legislaturas anteriores, fueron varios los contratos que se le adjudicaron al empresario con bajas temerarias, como el de limpieza y el de construcción del parque de bomberos Ildefonso Prats.