Un colegio de Tárbena llegó a costar hasta un 151% más

La desviación entre el presupuesto de adjudicación de obras realizadas por la empresa pública dedicada a la construcción de infraestructuras escolares Ciegsa -investigada dentro de la 'Operación Taula', derivada del 'caso Imelsa'- y el coste real de las actuaciones ha llegado a alcanzar en algún caso un 151%. Así fue en una intervención en un colegio de Tárbena en 2006 -cuando Máximo Caturla, una de las personas detenidas era consejero delegado-, que pasó de los 177.775 euros previstos inicialmente a más de 446.000, una diferencia superior a 268.000 euros.

Caturla, una de las 29 personas investigadas por un presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, fue secretario autonómico de Educación y consejero delegado de Ciegsa desde 2004 a julio de 2007. Después, fue vicepresidente de la Diputación de Valencia.

De un conjunto de más de 528 adjudicaciones realizadas entre los años 2001 a 2012 por Ciegsa, únicamente 39 respetaron o redujeron el presupuesto programado.

En todos los demás proyectos, lo que se ha acabado pagando, a fecha de 31 de diciembre de 2015, ha sido superior a lo que se previó en porcentajes que oscilan entre el 1% y los 'picos' máximos de 151% -de una obra del colegio de Infantil y Primaria San Salvador de Tárbena- y de 122%, del IES Nuevo de Rafal, también en Alicante, que ha costado casi 7 millones de euros (6.919.002 euros) en lugar de 3.113.295. A esta diferencia entre el importe adjudicado y el final, habría que sumar los gastos de gestión de la propia empresa, por lo que el sobrecoste sería todavía mayor, según las fuentes consultadas.