El Consell revisa en un trimestre 11.200 expedientes de dependientes

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha revisado en los últimos tres meses un total de 11.205 expedientes de personas en situación de dependencia de la Comunitat, para elevar al máximo establecido las cuantías que venían cobrando y que el anterior Ejecutivo aplicaba dependiendo de su capacidad económica.

Así lo dio a conocer ayer la consellera de Igualdad y vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, quien recordó que los Presupuestos de la Generalitat para 2016 incluyen 23,8 millones de euros para aumentar las prestaciones económicas de dependencia. Oltra indicó que, gracias a la derogación de la orden de 2012 que establecía un «copago oculto» al hacer depender las prestaciones de la capacidad económica del beneficiario, «se han podido elevar las cuantías a percibir», de forma que 9.649 personas pasan a cobrar el máximo establecido por ley.

La vicepresidenta destacó que el «copago confiscatorio» que impuso el anterior Consell generó dificultades para muchas familias, ya que supuso la rebaja de prestaciones en algunos casos a niveles «realmente insultantes», como los 20 euros que recibían algunos dependientes.

Oltra precisó que, al eliminar la capacidad económica como variable para calcular la prestación, en los casos de una prestación económica vinculada al servicio residencial los grandes dependientes pueden llegar a cobrar 833 euros mensuales.

En los casos de prestación por cuidador no profesional, los importes varían desde los 153 euros para las personas con un grado moderado, hasta los 442 en los casos de grandes dependientes.

Por otra parte, recordó que, desde el pasado 1 de enero, 4.669 personas mayores o con diversidad funcional han dejado de copagar en los centros de atención diurna, mientras que 12.482 usuarios han visto aumentado el dinero que reciben.

Oltra señaló que las medidas promovidas desde el inicio del año benefician a 17.151 personas y tienen un coste de 33,3 millones de euros, una cantidad «pequeña en relación con el desvío ilícito de dinero y con los agujeros» que se han encontrado en algunos escándalos. «Nos parece inexplicable que no se haya destinado este dinero antes para que las personas puedan tener una vida digna», afirmó Oltra, para quien se trata de un importe pequeño en el gasto colectivo, pero «es la diferencia entre poder tener una vida digna o no tenerla».

La vicepresidenta defendió que el desarrollo de la ley de dependencia crea empleo y también incentiva el consumo, mientras que conlleva un retorno económico superior a la inversión que genera. En el último trimestre de 2015, la Conselleria resolvió 5.726 nuevos expedientes de dependencia, de los cuales 2.810 cubren la tasa de reposición de fallecidos y el resto, 2.916, son incorporaciones netas, por lo que en estos momentos 44.871 personas están dentro del sistema.