La juez de 'Brugal' procesa a Ripoll, Ortiz y Lorente por el plan de basura de la Vega Baja

La titular del Juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela ha dado por cerrada la instrucción de las presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de la Vega Baja tras ocho años de averiguaciones. Con sus conclusiones aboca al banquillo de los acusados al expresidente de la Diputación Provincial José Joaquín Ripoll y a la exalcaldesa oriolana Mónica Lorente, ambos del PP aquellos días, así como a los presuntos corruptores Enrique Ortiz, Ángel Fenoll, Rafael Gregory y Manuel Garriga, entre otros. La juez entiende que «ha quedado indiciariamente acreditada la existencia de una trama organizada» en torno a los empresarios investigados por corrupción en la provincia, la Diputación Provincial de Alicante y los ayuntamientos de Orihuela y de Pilar de la Horadada. Les atribuye los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociación prohibida.

Se trata del primer gran paso para celebrar uno de los macrojuicios surgidos del 'caso Brugal', el gran negocio de las basuras. Los gastos generales del proyecto para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos supusieron más de 3,8 millones de euros, cuyo gasto público llega casi a los 1,2 millones, según un informe de la Diputación Provincial del pasado 8 de enero.

En total, la juez ha procesado a catorce personas por su supuesta implicación en la trama corrupta gestada desde la conformación del Plan Zonal XVIII (que engloba a 27 municipios al sur de la provincia) en 2005 hasta el año 2010, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) irrumpieron en la Diputación y en los domicilios de los investigados en el marco de la 'Operación Brugal'. Los investigadores, dirigidos por la Fiscalía Anticorrupción, guardaban horas y horas de escuchas en los que los protagonistas, detenidos entonces, dejaron al descubierto los supuestos tejemanejes para adjudicar el proyecto.

De la investigación se desgajan otras muchas piezas, entre las que destacan los conocidos casos 'PGOU' y 'Rabasa', donde se pone en entredicho el reparto urbanístico de la ciudad de Alicante. En dichos sumarios vuelve a aparecer Ortiz, además de la cúpula del Partido Popular de la capital en los años de indagaciones, como los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

Repaso general

La juez realiza un meticuloso repaso a las actuaciones que permitieron adjudicar a Cespa-Ortiz el Plan Zonal de la Vega Baja. Una operación de la que también salió beneficiado Ángel Fenoll gracias a la inclusión de su empresa Proambiente en el contrato y la venta de unas fincas. De hecho, la investigación recoge cómo el empresario adquirió por 424.000 euros terrenos que vendió por casi diez millones de euros.

En el relato judicial, la titular de Primera Instancia 3 constata que los empresarios que ansiaban el contrato público y la ubicación de la planta de residuos en la pedanía oriolana de Torremendo contaron con «la ayuda y la colaboración directa de cargos políticos y técnicos vinculados al Consorcio de la Diputación Alicante para obtener favores». A cambio, supuestamente, se llenaron los bolsillos en perjuicio siempre del interés ciudadano.

El auto, facilitado ayer por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), deja el caso listo para mandar a juicio a los imputados. Las acusaciones tienen ahora 20 días para pedir la apertura de juicio oral y concretar el delito que imputan a cada uno de los procesados y las penas que solicitan para ellos.