El Tribunal de Cuentas fiscaliza este año las obras del AVE a Alicante

El Tribunal de Cuentas fiscalizará este año, a petición de Las Cortes, los principales contratos celebrados por el gestor ferroviario Adif en la construcción de la línea de alta velocidad entre Madrid y Levante. En concreto, analizará las obras entre Albacete y Alicante, además de los tramos entre Torrejón de Velasco a Motilla del Palancar y desde Barcelona hasta la frontera francesa.

El Pleno del Tribunal aprobó el 22 de diciembre el listado de entidades que serán fiscalizadas por iniciativa del propio organismo o por mandato legal a lo largo de este ejercicio, listado que ha remitido al Congreso y al Senado.

Entre las fiscalizaciones recogidas en el nuevo programa y cuya aprobación se prevé para 2016 se incluyen los contratos del AVE, lo que da respuesta a una de las peticiones planteadas por la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para que el Tribunal estudiara posibles sobrecostes en las líneas de Alta Velocidad.

Y es que un informe hecho público en 2014 alertaba de que el AVE a Barcelona costó un 31,4% más de lo previsto, unos 1.732 millones adicionales, con lo que su factura se elevó finalmente a 8.967 millones de euros, frente a los 7.235 millones en que se habían adjudicado los proyectos. Sólo entre 2002 y 2008 las obras sufrieron un desvío presupuestario del 43,2%, pasando de 2.600 a 3.722 millones de euros.

Otras obras

Por otra parte, la programación incluye también la fiscalización de otros grandes proyectos de obra, como los contratos entre 2007 y 2015 para el puente sobre la Bahía de Cádiz o la ampliación del puerto de El Musel en Gijón, si bien este informe procede del programa para 2014, ya que aún no se le ha dado cumplimiento.

De años anteriores son también otras iniciativas, tales como las relativas al desarrollo, mantenimiento y gestión de los tranvías de Parla, Zaragoza, Jaén y Vélez-Málaga; o al Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812 para el periodo 2007-2012.

En el ámbito económico, el Tribunal espera poder publicar este año informes que se le encargaron en 2015 como los de la contabilidad de las elecciones locales de mayo, las de las generales del 20 de diciembre, la actividad realizada por el Ministerio de Sanidad en relación con el área farmacéutica los dos últimos ejercicios, el proceso de reestructuración bancaria desde 2009 y hasta diciembre, o la integración de los reguladores en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

También analizará las indemnizaciones por cese recibidas entre 2012 y 2014 por altos cargos de determinadas entidades del sector público estatal y el cumplimiento de la normativa en materia de régimen retributivo de los directivos de determinadas entidades estatales en el mismo periodo.

Avales

Desde 2014 tiene pendiente, por otra parte, los informes de fiscalización de los avales concedidos por la Administración del Estado entre 2008 y 2013 y los relativos a las operaciones de compraventa de títulos representativos del capital social de empresas de capital mayoritariamente privado realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en 2013 y las realizadas a empresas del grupo entre 2012 y 2013.

Entre las fiscalizaciones incluidas en el programa de este año destacan también las relativas a la contratación celebrada por el Ministerio de Agricultura y sus organismos dependientes durante el año pasado, la modificación del régimen contable y de control interno de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, o el cumplimiento de la legalidad de la función supervisora del Banco de España el pasado ejercicio.

Igualmente, se estudiarán las actuaciones realizadas por las comunidades autónomas, las ciudades autónomas y algunos ayuntamientos en relación con los planes económico-financieros y los planes de ajuste en 2014 y 2015. Y se fiscalizarán los ingresos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en 2014.