Ortiz sería el principal perjudicado, al tener que devolver unos 44 millones

La ciudad de Alicante perdería ingresos por la vía fiscal, dado que no percibiría ni las tasas de obras mayores y menores que generaría Ikea ni el recibo del impuesto de bienes inmueble (IBI) anual. Esos beneficios se los llevaría, lógicamente, el Ayuntamiento de Elche, que es donde se radica el fallido IFA Arena.

Sin embargo, el gran perjudicado con esta posible operación de venta (también a expensas del resto de acreedores financieros de IFA, entre ellos el Deutsche Bank) sería el constructor alicantino Enrique Ortiz y sus socios de la promotora Espacio en Urbanika, la matriz de Alicante Avanza, la promotora del controvertido plan urbanístico de Rabasa.

De descartarse totalmente por el Consell la aprobación de la ATE, Ortiz y sus socios tendrían que devolver unos 44 millones de euros a la multinacional sueca del mueble por los adelantos percibidos en la operación de venta a Ikea del millón largo de metros cuadrados traspasados, incluidas las lagunas de Rabasa. Además, habría un tercer damnificado: el Banco de Sabadell, titular de una hipoteca sobre ese suelo por los créditos que prestó en su día la extinta CAM al constructor para la adquisición del suelo a diversos propietarios de Rabasa. Sin la instalación de Ikea y su macrocentro anexo de 300.000 metros, el suelo perdería valor y Ortiz no podría responder a la devolución de unos 40 millones de dicha hipoteca.

Los préstamos se hallan en situación de impago, según fuentes del Banco Sabadell, lo que abocaría a la entidad a ejecutarlos si Ikea se va a Torrellano.