Ripoll y Ortiz se exponen a penas de más de diez años por las basuras de la Vega Baja

El cerco judicial se estrecha sobre los presuntos cerebros de la trama corrupta para beneficiarse del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja. La juez que ha concluido la instrucción de una de las principales piezas del 'caso Brugal' atribuye delitos al expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a los empresarios que supuestamente mayor tajada sacaron con los amaños, Enrique Ortiz, Rafael Gregory y Ángel Fenoll, que les pueden mantener durante bastantes años en prisión. El Código Penal recoge para los delitos que la juez les achaca penas, en los casos más graves, de más de diez años entre rejas.

Tras la resolución de la instructora, transformando las diligencias previas en el proceso abreviado (conocido comúnmente como procesar a los implicados), se abre la vía para que la Fiscalía Anticorrupción detalle a cada investigado sus presuntos delitos y la pena de prisión acorde a la gravedad de los mismos. En este caso, Ripoll y Ortiz, señalados como los cabecillas del entramado que tejió el contrato público a medida y colocó la planta de residuos en el suelo que más les favorecía (la pedanía oriolana de Torremendo), se exponen a un severo reproche penal.

Solo el delito de fraude a la administración está penado, tanto en el caso de cometerlo un funcionario público como un particular, con entre dos y seis años de cárcel. Los viajes en yate para celebrar la adjudicación del proyecto de las basuras que afectaba a 27 municipios, valorados judicialmente en más de 100.000 euros, podría costarles entre tres y seis años entre rejas por supuesto cohecho. El Código Penal castiga de igual forma al empleado público como al particular. La instructora, a tenor de las pruebas practicadas, observa claramente las dádivas percibidas por el expresidente provincial.

Revelar secretos supone entre uno y tres años de internamiento o el tráfico de influencias entre seis meses y dos años. La instructora atribuye delitos de prevaricación y actividades prohibidas a los funcionarios, punibles solos a estos últimos, que suponen otros seis meses o dos años privativos de libertad e inhabilitación, un castigo que se incluye entre las penas del resto de delitos, así como multas o la imposibilidad de gozar de subvenciones públicas en el caso de los particulares.

Mientras, el también expresidente del PP de la provincia de Alicante, José Joaquín Ripoll, recurrirá el auto judicial, según informaron fuentes de su defensa. En los más de ocho años que ha durado la instrucción del caso, Ripoll se mantuvo al frente de la institución provincial hasta que Luisa Pastor le sucedió en el puesto y más tarde se apartó a un segundo plano político como presidente de la Autoridad Portuaria. Solo ahora, su partido ha decidido suspenderle de militancia.

Quien también recurrirá el procesamiento es el empresario Enrique Ortiz. Marcado como el principal presunto corruptor, su defensa prepara ya el escrito en respuesta al auto notificado este mismo miércoles, según las fuentes consultadas por este diario.