El juez ve indicios de «criminalidad» en la actuación de Castellano en el 'caso Avialsa'

El Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto considera que existen «suficientes indicios de criminalidad» contra el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana Serafín Castellano y el resto de investigados, más de 30, en la denominada 'trama del fuego', en la que se investiga un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.

El instructor del caso decidió ayer en un auto levantar el secreto que pesaba sobre la causa en la que se investiga un presunto amaño de contratos para la extinción de incendios, al considerar que ha desaparecido el riesgo de «alterar, destruir u ocultar» pruebas. En estas diligencias está investigado (denominación que sustituye a la de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) entre otros, el exdelegado de Gobierno en la Comunitat y exconseller de Gobernación, Serafín Castellano, por supuestas irregularidades cometidas en su etapa al frente de este departamento de la Generalitat Valenciana.

La causa nace de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en mayo de 2015. En ese mes fue detenido Castellano, que quedó en libertad, con medidas cautelares consistentes en la retirada del pasaporte y la prohibición de la salida del territorio nacional. En esa primera parte de la operación la Policía detuvo a otras nueve personas, entre ellas, el presidente de la empresa Avialsa, Vicente Huerta. Ambos coincidieron en cacerías. En ese momento, se acordó el secreto de las actuaciones, una situación que, según recoge el auto notificado a las partes, ha ido prorrogándose para «practicar cuantas diligencias eran necesarias para el esclarecimiento de los hechos, su naturaleza y personas presuntamente responsables» y garantizar el éxito de la investigación.

Ahora, esta necesidad «ha desaparecido al haber podido identificar a los presuntos responsables de los delitos investigados respecto de los que existen indicios racionales de criminalidad en relación a los hechos que constan en las presentes diligencias», indica el juez en el auto, en el que acuerda el cese del secreto de las actuaciones.

Hasta este momento, según el TSJCV, hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas por supuestamente amañar concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional (Italia y Portugal). Las diligencias están abiertas por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.

La resolución del juez permitirá a todas las partes personadas en la causa tener acceso «a la totalidad de las presentes diligencias» porque, según argumenta el magistrado instructor, ha desaparecido el riesgo de «alterar, destruir u ocultar nuevas fuentes de prueba».

Además de Castellano, la causa se sigue en la Comunitat contra un ex alto cargo de la Generalitat -el ex director general de Interior Pedro Hidalgo, nombrado en 2005 en el Gobierno de Francisco Camps- y un alto cargo del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat catalana. Los dos fueron detenidos el 13 de enero en el marco de una operación realizada por la UDEF por orden del juez instructor y puestos en libertad provisional con las mismas medidas cautelares impuestas a Castellano.

La operación policial del 13 de enero se saldó con la detención, por decisión policial, de otra veintena de personas, entre ellas, dos altos cargos más de la Generalitat de Cataluña, a los que la propia Policía dejó en libertad.