El juez del 'caso PGOU' decreta la causa compleja para alargar la instrucción otros 18 meses

El tiempo no será problema para concluir la investigación de los presuntos amaños del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante por parte del Ayuntamiento de la ciudad. La instrucción podrá prolongarse, al menos, durante otros dieciocho meses después de que el titular de Instrucción 5 de la capital, Manrique Tejada, haya acordado declarar la causa de especial complejidad. El motivo no es otro que los más de veinte imputados por delitos como tráfico de influencias y cohecho, entre otros, y la extensa documentación que el caso ha generado en sus más de 122 tomos para arrojar luz sobre las irregularidades en el reparto del suelo alicantino.

No obstante, el magistrado cree que el caso «podrá finalizarse antes de agotar el plazo» prorrogado, «visto el estado de las presentes actuaciones», según apunta en la resolución judicial a la que ha tenido acceso este diario.

El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, planteó la cuestión tras entrar en vigor la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobada por el Gobierno, que acota el periodo de instrucción de los casos a seis meses. Pese a que se buscar agilizar las investigaciones, las pesquisas para esclarecer macrocausas distan de poder practicarse en ese tiempo, por lo que se puede prolongar si se solicita previamente. En caso contrario, los asuntos pueden acabar archivados.

La pieza separada del 'caso Brugal' cuenta con motivos sobrados para su extensión más allá de los seis meses de rigor. Así lo consideró el Ministerio Público y ahora el juez respalda la solicitud en función, sobre todo, de dos aspectos. El 'caso PGOU' cuenta ya con veintiún investigados entre exalcaldes del PP (Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo), abogados (el exsocialista Javier Gutiérrez y el hermano de la exregidora, José Luis Castedo), funcionarios, urbanistas, empresarios (Enrique Ortiz) e, incluso, el mismo redactor del Plan General, Jesús Quesada.

Este criterio, el de la multitud de encausados, es uno de los que recoge la nueva LECrim en su articulado para prolongar hasta 18 meses la instrucción. Además, alega el magistrado que se cumple con el requisito de que sea necesaria la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis.

Las acusaciones de Esquerra Unida y el PSOE se sumaron a la petición. Por su parte, las defensas respondieron en tromba contra el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, alegando, entre otras cuestiones, que el proceso ya se ha dilatado en exceso. Ante ello, el juez recuerda en el auto que la causa entró en el Juzgado de Instrucción 5 de Alicante en el año 2010. Es más, hasta febrero de 2011, el órgano instructor no contó con la totalidad del proceso iniciado en los juzgados de Orihuela.

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) instruyó durante dos años el asunto al encontrarse Castedo y Alperi en situación de aforados como parlamentarios autonómicos. En junio de 2014, Instrucción 5 recibió de nuevo el 'caso PGOU' tras la salida de los políticos como diputados de Les Corts Valencianes. De hecho, el magistrado le deniega en su auto a la exregidora municipal la petición de partir más el asunto, ya que «produciría más retrasos en la instrucción».

Las diligencias se encuentran en el tramo final antes de poder mandarlo a juicio. Sin embargo, quedan pruebas que practicar. El próximo 1 de marzo deberán sentarse ante el juez y las partes un empresario imputado y un testigo empleado de Ortiz. El primero está acusado de pagar el viaje de Alperi a Creta con dinero del empresario.

Si bien en un primer momento el investigado Ricardo Fuster negó conocer quién le hizo entrega del montante, pero a finales de enero aseguró en una carta que un trabajador de Cívica le dio 36.000 euros para costear la escapada del exalcalde popular y la edil Sonia Alegría a la isla griega.