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José Vicente Pérez Pardo
Jueves, 11 de febrero 2016, 01:58
La Autoridad Portuaria pretende ampliar las áreas de descarga de graneles del muelle 17 a otras zonas, lo que supondría triplicar la superficie para esta actividad, según la modificación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) publicada en noviembre y ahora en periodo de exposición pública. La intención de este organismo ha alertado a los vecinos, que han convocado a todas las asociaciones de la ciudad a una asamblea mañana, viernes, a las 19 horas en el instituto Bahía de Babel.
La Asociación Gran Vía Sur-Puerto ha comenzado a estudiar el documento para formular las pertinentes alegaciones y «detener» la ampliación de la descarga de graneles, según manifestó a este diario uno de los portavoces, José Santamaría. Los vecinos tienen pendientes otras acciones que se discutirán en esta reunión del viernes.
El Puerto asegura que las actividades más pulverulentas se realizan en el muelle 17, donde «se han instalado pantallas cortavientos, un atomizador de agua, así como un sistema de difusores formando una pantalla húmeda» como medidas para evitar la contaminación.
Sin embargo, el aumento en la descarga de graneles (que ha pasado de 558.166 toneladas en 2010 a 889.170 en 2014) ha provocado, según el resumen del documento de la Autoridad Portuaria hecho público por los vecinos, que «con los tráficos actuales, la terminal está saturada». Por ello, «se justifica la necesidad de utilizar en exclusiva el muelle 17 para granel pulverulento, dada su especialización medioambiental, y destinar el granel menos pulverulento (tipo chatarra o biomasa) a la Terminal Polivalente de los muelles 11, 13 y 15». Además, esta prevista la ampliación de estos muelles para aumentar la actividad industrial hasta el triple en tres años, según este mismo documento.
Los vecinos se encuentran «alarmados» porque las medidas citadas por la Autoridad Portuaria «no son reales y se pueden comprobar las columnas de polvo desde nuestras ventanas», asegura este portavoz. De hecho, la Fiscalía ha abierto una investigación para corroborar que estas empresas actúan con todos los permisos medioambientales legales y si hay un presunto delito de prevaricación municipal y de la Autoridad Portuaria por no exigirla.
Intentarán parar esta ampliación a través de alegaciones. Además, tienen sus dudas de que un Gobierno en funciones pueda aprobar esta modificación de espacios portuarios, por lo que, si hay base legal, intentarán también detenerla.
Pero la batalla vecinal no se quedará ahí, sino que desde Gran Vía Sur-Puerto exige al concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, que «reclame las licencias medioambientales o acuerde la suspensión de la actividad».
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