EFE
Miércoles, 17 de febrero 2016, 15:41
El pleno de Les Corts ha acordado hoy instar al Consell a eliminar la figura de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) y a acometer un cambio del actual modelo de gestión urbanística, de manera que la gestión pase a ser la norma general y se establezcan más controles para la gestión indirecta.
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La iniciativa ha partido de una propuesta conjunta de Ciudadanos y Podemos, aunque finalmente se ha consensuado una redacción entre estos dos grupos y el PSPV y Compromís, mientras que el PP ha votado en contra después de que no se haya aceptado la enmienda que planteaba.
El texto aprobado insta también al Consell a aplicar un programa de medidas para reconvertir el sector de la construcción en la Comunitat, fomentando la rehabilitación y la eficiencia energética, y fijar en la legislación un plazo máximo para que los Planes Generales Estratégicos cumplan sus previsiones.
También se pide un cambio en la legislación, para que los expedientes de disciplina urbanística estén supervisados por funcionarios públicos y se garantice la efectiva persecución de los infractores, y que el Consell inste al Gobierno central a exigir a la SAREB condiciones asumibles por el Consell para destinar a vivienda social las casas vacías.
El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha afirmado que es necesaria una revisión "en profundidad" del modelo urbanístico que generó el PP, para ir a uno "alternativo, sostenible, viable y reparador", con el que intentar paliar los daños causados por un modelo del que hay que hacer "una pesada digestión".
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Montiel ha mostrado su deseo de que esta propuesta, apoyada por cuatro grupos parlamentarios, sea "el principio" de un cambio profundo en un modelo que "solo ha traído dinero para unos pocos y mucho empobrecimiento para la mayoría", y ha justificado el rechazo a las ATE en que "rompen la lógica de la planificación".
El diputado de Ciudadanos Domingo Rojo ha defendido el cambio hacia un nuevo modelo urbanístico sostenible y medioambientalmente útil, que permita la recuperación económica mediante la reconversión del sector inmobiliario y de la construcción, y que evite en el futuro consecuencias como las que ha comportado el actual modelo.
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La diputada del PP Elisa Díaz ha lamentado que se quiera cambiar "todo con tal de que no salgan las siglas del PP, pero no explican cómo ni por qué", y se ha preguntado si es que no confían en la consellera de Vivienda.
Díaz ha resaltado que la legislación del PP ha conseguido proteger el 52 % del territorio, y ha lamentado que no se haya aprobado su enmienda que pedía medidas como crear la Agencia de protección del territorio, para ampliar el control en disciplina urbanística, pese a que "les ha dado por crear agencias".
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La diputada de Compromís Belén Bachero ha reivindicado una nueva ordenación del territorio a la medida de las personas, que recupere su función pública, sea transparente y busque un territorio más equilibrado y el diálogo social, frente a un modelo que enladrilló la costa e hizo de las ATE una "autopista" para los "amiguitos" del PP.
El socialista Rafael Briet ha mostrado su rechazo al urbanismo "depredador, la ocupación compulsiva del suelo" y el urbanismo que comportó "riqueza para unos pocos", y ha defendido que quieren un cambio normativo del modelo, aunque les hubiera gustado participar "desde el inicio" en esta propuesta parlamentaria.
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