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EFE
Miércoles, 17 de febrero 2016, 12:10
El juez de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha archivado la investigación sobre las supuestas irregularidades registradas durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante para el que fuera director general adjunto de la extinta Bancaja, José Cortina.
En una auto fechado el pasado 14 de febrero y al que ha tenido hoy acceso Efe, el magistrado señala que de la instrucción realizada hasta ahora "no se desprende indicio alguno de criminalidad" contra este sospechoso.
Así, acuerda el sobreseimiento provisional del caso para Cortina, quien también ocupó los cargos de responsable de empresas participadas de la entidad y consejero delegado de Bancaja Habitat, tal y como había solicitado su abogado en enero.
El juez se remite en su auto a la exposición razonada que elevó en julio de 2012 al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana porque algunos de los sospechosos eran aforados en Les Corts.
En ella, el juez ya entendía que no había indicios para seguir investigando a Cortina por cuanto que el posible delito de aprovechamiento de información privilegiada en que podía haber incurrido solo podía consumarse con la ejecución del PGOU.
Según la exposición al TSJ, el directivo de Bancaja no obtuvo directamente información reservada sobre el planeamiento urbanístico por parte de cargos públicos ni ha ejercido influencia sobre éstos, conducta que en cambio sí desarrolló, presuntamente, su socio en varios negocios inmobiliarios, el también investigado Enrique Ortiz.
Tejada entiende que desde esa exposición razonada "ninguna diligencia posterior ha venido a modificar el criterio" que se sostenía en la misma, por lo que sólo cabe el sobreseimiento para Cortina.
En esta pieza separada del 'caso Brugal' siguen imputados (actualmente denominados investigados) una veintena de personas, entre las que destacan, además de Ortiz, los exalcaldes de Alicante por el PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, un hermano de ésta, José Luis Castedo, y el arquitecto redactor del PGOU, Jesús Quesada.
En su último auto, Tejada admite que no se notificó a Ortiz el auto que autorizaba a la Policía Nacional a analizar una auditoría realizada por la firma KPGM Asesores SL sobre Deproinmed, una mercantil participada por Bancaja que se llama actualmente Urbanika.
Sin embargo, el instructor ha decretado que dicha omisión, pese a vulnerar un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, "no conlleva indefensión alguna" al empresario, ya que éste puede solicitar la nulidad de la prueba a través del correspondiente recurso.
Por otro lado, el juez ha desestimado la petición de la acusación popular que ejerce en la causa EU para que los autores de la auditoría sobre Urbanika ratifiquen en este momento procesal su informe.
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