Afectados de la CAM ven un precedente la devolución de productos tóxicos de Bankia

La plataforma que agrupa a 800 de los afectados por la compra de productos tóxicos de la extinta Caja Mediterráneo (CAM) ha calificado de «precedente» en la lucha por ser resarcidos la decisión de Bankia de devolver sin juicio el dinero a los pequeños accionistas. El asesor y cofundador de la Plataforma CAM de perjudicados, Carlos Pena, ha explicado que su colectivo representa a unas 800 personas que compraron participaciones preferentes o cuotas participativas (acciones sin derechos políticos), por valor de 14 millones de euros.

La decisión de Bankia «es un precedente para nosotros también ya que los jueces tienen que empezar a ver que son situaciones exactamente iguales» debido a que ambas entidades bancarias comercializaron productos financieros a partir de balances «manipulados».

Pena señaló que en el caso de la CAM, que fue comprada al precio de un euro por el Banco Sabadell, existen tres responsables civiles: la aseguradora Caser con dos pólizas que suman 40 millones de euros y, una vez agotado ese dinero, deben pasar a pagar subsidiariamente tanto la Fundación CAM como el Banco Sabadell.

El cofundador de la Plataforma CAM ha manifestado que las cuotas participativas, las participaciones preferentes y otro tipo de deuda subordinada deben ser valoradas como si fueran acciones ya que sus emisiones estuvieron viciadas por la manipulación de los datos que contenían sus catálogos, remitidos a la Comisión Nacional de Valores.

Adicae calificó ayer de «histórica» la decisión de Bankia de devolver el dinero invertido a los pequeños ahorradores que compraron acciones en su salida a bolsa y ha pedido que cunda el ejemplo sobre otros productos «abusivos» o «fraudulentos» como las preferentes o las cláusulas suelo. Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae), destacó ayer en Zaragoza que la propuesta de Bankia es «importantísima», porque es la primera vez que un banco decide devolver el importe integro de un producto financiero que fue abusivo con los ahorradores.