La Audiencia activa el plan para sacar 50.000 casos de los juzgados penales

El protocolo de mediación penal para llegar a acuerdos antes de acudir a los tribunales de la Audiencia Provincial de Alicante en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante (ICALI) ya puede echar a andar tras su aprobación por el Tribunal de Justicia Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en Sala de Gobierno la semana pasada. Se trata de un plan que podría aliviar la carga de los juzgados penales y de instrucción de la provincia evitando hasta 50.000 asuntos de los 200.000 que se registran en los palacios de justicia alicantinos, como informó ayer el presidente del órgano judicial, Vicente Magro. Con la medida, se busca que las partes alcancen un acuerdo antes de tener que llegar a juicio, con el que los acusados deberán reparar el daño pero sin sentarse en el banquillo.

Entre los delitos que podrían derivarse a la mediación se encuentran los crímenes contra las personas, como las lesiones, pero en ningún caso los más los graves que conlleven una muerte, los delitos patrimoniales (robos, hurtos, defraudaciones, estafas, apropiación indebida), y aquellos contra el orden socioeconómico, como los delitos de daños o propiedad industrial e intelectual. En total, hasta un 25% de los asuntos podrían quedar fuera de los juzgados, según las previsiones del magistrado murciano.

Para Magro, el protocolo puede convertirse en «un referente» para todos aquellos profesionales del ámbito jurídico que quieran dedicarse a la «mediación» en colaboración con los juzgados y tribunales. No obstante, algunos crímenes deberán quedar fuera de la iniciativa «pionera», como en los casos de violencia de género por estar prohibida, aunque sí puede aplicarse en asuntos de violencia doméstica de conflictos entre familiares, como detalló Vicente Magro. Los jueces podrán disponer de una lista elaborada por la Audiencia de Alicante con profesionales colegiados que hayan realizado unos cursos de formación en materia penal, uno de ellos de 100 horas de duración.

Formación

El Colegio de Abogados de Alicante ya ha organizado un curso de mediación penal que comenzará el próximo día 29 de febrero hasta el 4 de marzo para obtener los listados de los primeros mediadores penales «que ya serán enviados a los juzgados decanos de inmediato», como detallo el presidente del órgano judicial provincial.

Por su parte, el magistrado y el letrado de la Administración de Justicia (antiguo secretario judicial) de cada órgano seleccionarán los casos que, a su juicio, pueden derivarse a la mediación y el mediador se designará por sorteo.

Suspensión del juicio

El inicio de esa mediación entre un acusado y la víctima o perjudicado del delito conllevará la suspensión del trámite de juicio oral, en el caso de que las diligencias se encuentren ya en esta fase. Mientas, los mediadores, entre los que puede haber criminólogos, médicos, psicólogos o abogados, y otros profesionales, han de intentar que el acusado y la víctima lleguen a un acuerdo por el que la segunda sea resarcida y se evite así la celebración de la vista oral.

El acuerdo alcanzado no supondrá en ningún caso la absolución del reo sino que se remitirá al juzgado y a la Fiscalía para que se le aplique a éste alguna atenuante de la responsabilidad criminal.

El protocolo se pone en marcha ante la falta de una legislación específica en materia de mediación penal que ya cuenta con el beneplácito del Alto Tribunal valenciano y el organismo que agrupa a los abogados de Alicante, así como el Ministerio Público alicantino.