Autorizan a Ripoll a fichar por una empresa y a Castellano a ejercer la abogacía

El Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre sendas autorizaciones para que el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana Serafín Castellano y el expresidente de la Autoridad Portuaria de Alicante José Joaquín Ripoll puedan ejercer la actividad privada después de dejar sus respectivos cargos, según consta en el listado de autorizaciones publicado en el Portal de Transparencia.

Castellano, cesado el pasado mes de mayo e investigado en la causa sobre un presunto 'cartel del fuego' de amaño de contratos, fue autorizado el pasado 21 de diciembre a ejercer la abogacía por cuenta propia. Castellano se dedicaba a la política desde 1991, cuando fue elegido alcalde de Benisanó (Valencia) y fue diputado autonómico del PP desde ese año hasta 2014, cuando fue nombrado delegado del Gobierno.

Ripoll, por su parte, está procesado en la pieza separada del caso Brugal que investiga un supuesto amaño de contratos para la concesión y explotación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja. El ex político 'popular' -está suspendido de militancia- fue cesado de su puesto de presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante en diciembre de 2014 y ocho meses después se le autorizó a fichar por el bufete Leopoldo Pons Abogados y Economistas. El pasado 16 de diciembre recibió el visto bueno para trabajar en la empresa Consultoría Avanzada de Hosting, con sede en Alicante.

El Gobierno dio también en diciembre el visto bueno a que Pablo Landecho Campos, ex jefe de gabinete de Francisco Camps y director general del Consorcio Valencia 2007 hasta mayo del año pasado, fiche por Business Initiatives Consulting, del grupo Broseta Abogados. También se autorizó a Jesús Prieto, ex director general de Bellas Artes, Bienes Culturales, Archivos y Bibliotecas, a trabajar en el Estudio Jurídico Gabeiras & Asociados.