Rechazan incorporar los regalos a Castedo y Alperi al 'caso Rabasa'

Las dádivas percibidas por los exalcaldes de Alicante del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo por presuntamente favorecer al empresario Enrique Ortiz no figurarán en la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción 6 de la capital alicantina por la tramitación del 'caso Rabasa'. Así lo ha determinado la Audiencia Provincial tras la resolución del recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción, que opinaba que sí debían formar parte de las diligencias para dejar constancia de que el promotor «tenía en nómina» a los antiguos regidores para que no le pusiesen reparos a la hora de manejar tanto los terrenos en Las Lagunas de Rabasa como en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tal y como recoge el auto al que ha tenido acceso este diario.

Con la operación urbanística para construir más de 13.000 viviendas y, sobre todo, para instalar al gigante del mueble Ikea, el industrial habría dado un golpe maestro para obtener beneficios millonarios con la compra y posterior venta de los terrenos ubicados en el paraje alicantino. Todo un pelotazo gestado gracias al beneplácito del Ayuntamiento de Alicante, según se investiga en el Palacio de Justicia de la capital en una de las piezas separadas del 'caso Brugal'.

El Ministerio Público planteó la cuestión hace más de un año y el entonces titular de Instrucción 6, Juan Carlos Cerón, falló en el mismo sentido que ahora lo hace el tribunal de la Sección Tercera de la sede provincial. El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, presentó un recurso de queja después de que el sustituto del magistrado, ahora en la Audiencia, inadmitiera su apelación. Un tribunal accedió a la petición y ahora la Sección Tercera ha zanjado el asunto, pues contra su decisión no cabe recurso.

Los regalos a los que se refiere el acusador tienen que ver con las vacaciones de las que disfrutaron Castedo y su marido en el 'Elena', el yate del promotor con el que viajaron a Ibiza, o el Mini Cooper con el que la exmunícipe fue agasajada, así como contrataciones a dedo para conocidos de la política retirada en el imperio de Ortiz. El fiscal Briones sostenía en su recurso que para comprender «el favorecimiento recíproco y permanente entre tales imputados» los obsequios debían figurar en ambos sumarios.

Estas presuntas dádivas ya se investigan en Instrucción 5 junto con el viaje a Creta de Alperi con la también exconcejal popular Sonia Alegría por la pieza por las presuntas irregularidades del PGOU. Recientemente, un perito ha tasado en 240.000 euros los trayectos en barco de la exconcejal de Urbanismo y luego alcaldesa de Alicante.

Mientras, el juez Manrique Tejada ha citado al empresario que supuestamente pagó el periplo heleno, ahora arrepentido, y a un empleado de Ortiz. Según el primero, el trabajador le entregó los 36.000 euros del viaje. Alperi, que figura como uno de los principales imputados por el PGOU, se encuentra fuera del sumario del plan Rabasa.

En definitiva, el hecho de que otro juzgado ya se encuentre inmerso en el esclarecimiento de los posibles delitos de cohecho ha resultado clave para la decisión adoptada por el tribunal. «Que los hechos sean conocidos plenamente en dos procedimientos distintos vulneraría el principio 'ne bis in idem' (o la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho)», como detalla el magistrado ponente en la resolución.

Además, «dado que lo que se pretende no es la unión de un testimonio de actuaciones para ayudar o complementar» las pesquisas del 'Rabasa', «sino para conocer nuevamente de los mismos hechos», considera el magistrado ponente del fallo que «el recurso no puede sino ser desestimado».