Los regantes se unen en una plataforma en defensa de sus derechos en el Tajo

Los regantes del Segura acordaron ayer fundar una plataforma ciudadana para luchar por los derechos del Trasvase del Tajo. La comunidad de la Margen Derecha de Riegos de Levante convocó un gabinete de crisis en Los Montesinos para abordar la guerra del agua que se ha reabierto desde Castilla La Mancha en contra de la llegada de agua a la provincia.

Empresarios, políticos, sindicatos y representantes académicos se dieron cita para lanzar un mensaje en favor de la universalidad del agua dentro del Estado español. Asistieron, además del presidente de este órgano agrario, José Antonio Andújar; el diputado de Ciclo Hídrico, Francisco Sáez; el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, así como el presidente de la Diputación Provincial, César Sánchez, alcaldes y concejales de los diferentes municipios de la Vega Baja, entre otros.

La primera medida que tomaron fue la creación una plataforma ciudadana que vertebre la petición de los derechos adquiridos durante los últimos 36 años. El presidente de la comunidad, José Andújar, recordó que las últimas cinco peticiones del Acueducto se han realizado para «beber agua», quedando relegados los cultivos y el importante sector agrícola de la Vega Baja. Lo primero que quiso dejar claro Andújar es que había que despolitizar la creación de esta plataforma para «estar unidos llegue el Gobierno que llegue» en las reivindicaciones hídricas de la comarca.

El Ministerio de Agricultura ordenó la semana pasada abrir los pozos de sequía para dotar de agua a los agricultores del riego tradicional y derivar el agua del Segura a los regantes del trasvase. Esta decisión no gustó nada a los regantes tradicionales, pero a los que dependen del Tajo les sigue preocupando el futuro inmediato de sus tierras si la transferencia hídrica se cierra, como propone el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Por tanto, solicitaron un estudio completo para «seguir con el trasvase vigente tras haber pasado el primer tramo de la democracia». En este sentido, acordaron encargar un estudio técnico, jurídico y empresarial del impacto del Trasvase Tajo-Segura en el sur de Alicante y «la repercusión que tendría el cierre del mismo», algo que ahora mismo no ven inviable, de ahí los temores suscitados.

Entre los regantes ya barruntan el final de miles de puestos de trabajo, así como la pérdida del valor del suelo cultivado. Las cifras que aportó la Diputación eran de 40.000 puestos de trabajo menos, 1,5 millones de toneladas de productos agrícolas perdidas y 650 millones de euros, además de aumentar el riesgo desertización y afectar a nuestro ecosistema.

Los regantes volvieron a recalcar que la apertura de las desalinizadoras no garantiza los 125 hectómetros cúbicos de agua que se requieren para regar todas las extensiones agrarias en la Vega Baja y, por tanto, es necesario seguir contando con un caudal externo como es el Trasvase.

Andújar reconoció que desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha «se han reabierto heridas» en los veinte pueblos que conforman la cabecera del Tajo. El presidente de Riegos de Levante considera que «se ha echado en contra nuestra a los 12.700 habitantes que conforman estos pueblos, nos tachan de ladrones del agua cuando hemos pagado durante todos estos años más de 35.000 millones de pesetas por el agua». Con este dinero, advierte, estos municipios manchegos podrían haber contado «con las mejores infraestructuras hídricas de toda su Comunidad, y no tener que llevar cubas de agua como hicieron durante el pasado verano».

Ataques indiscriminados

Ahora comparan los días en los que se ideó la infraestructura con «el duro ataque sufrimos en la actualidad», con el que se quiere hacer parecer «queramos especular con el agua, que queramos hacernos ricos con ella», apuntó el presidente de los regantes, que rememoró que el germen de la solidaridad hídrica se fundó en 1933. El portavoz de los agricultores fue duro al decir que «quieren hacerlos enemigos de quienes se creen los dueños del agua».

Así las cosas, ordenaron tomar una serie de acciones para cumplir la legalidad vigente y que el remanente de agua de la cabecera del Tajo llegue al sureste de la península ibérica. «No podemos construir carreteras o gaseoductos que vayan de unas zonas a otras, y no poder derivar el agua que sobra ahora en el Norte y que se tenga que verter al mar. No traer ese agua es un verdadero crimen», dijo compungido el presidente de la comunidad de regantes. El organismo solicitó mediación de la Diputación Provincial en esta dispuesta que ocurre desde el pasado verano.