El TC admite a trámite el recurso de la Generalitat por la financiación

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno valenciano a la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 por considerar que son una «discriminación» para cinco millones de valencianos. El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el pasado 28 de enero, acompañado por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por la deficiente financiación que contienen los Presupuestos para la Comunitat Valenciana.

El Constitucional ha acordado dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno, para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular alegaciones, según el texto de admisión a trámite facilitado a Efe por el Gobierno autonómico.

La vicepresidente y portavoz del Gobierno, Mónica Oltra, aseguró ayer que han recibido la noticia «con satisfacción» y apuntó que es el primer paso y espera «que se sigan dando» más para «tener una financiación justa» y garantizar los derechos básicos de los ciudadanos. «Esperemos que en el trámite judicial se vea que no es constitucionalmente aceptable y por tanto, no es legal, la situación de financiación valenciana», añadió.

Oltra confía en que haya un Gobierno en España que «esté dispuesto» a cambiar el sistema de financiación para que «no maltrate a la Comunitat Valenciana» y «regularice la deuda que se ha provocado en los últimos años a raíz de una infrafinanciación que no está justificada». Según recordó, no está justificada ni por la población ni por el nivel de renta por cápita, inferior a la media y pidió que se arregle la actual situación de «anomalía democrática» porque la valenciana es «la única comunidad pobre que paga como una rica». «Eso se tiene que arreglar a través de mecanismos políticos y con un sistema de financiación que se negocie con el Estado a través de un impulso de un nuevo gobierno y si no, tendrá que ser el Tribunal Constitucional, el que ponga arreglo a lo que la política no arregla», concluyó.

El recurso está dirigido a las transferencias a las comunidades autónomas previstas en el Título VII, capítulo II, artículos 111 y 112, en lo relativo a Sistemas de financiación de entes territoriales, Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado, Fondo de Suficiencia Global, todos ellos dentro de la Sección 36. Además, en la sección 98 se refiere a las transferencias corrientes de Comunidades Autónomas y Fondo de Suficiencia.

«Vamos a batallar»

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, señaló que el objetivo es que la Comunitat salga de su actual «postración» financiera. Puig enmarcó el recurso dentro de su intención de «utilizar todos los instrumentos al alcance para visibilizar la realidad de una financiación injusta y conseguir fondos necesarios para que los valencianos tengan los servicios públicos de calidad que se merecen». Recordó que cuando anunció el recurso algunos le acusaron de «despropósito», pese a lo cual «por lo menos está bien fundamentado» como lo refleja, añadió, que haya sido admitido a trámite.

«Vamos a batallar una posición que es enormemente clara, la Comunitat Valenciana recibe menos financiación que la media, mucha menos que otras comunidades y no es razonable porque repercute en que tengamos 12 puntos menos de renta per cápita», insistió. «Queremos que haya un Gobierno en España que cambie su política hacia la Comunitat» después de cuatro años con Mariano Rajoy en los que, en su opinión, se ha discriminado «constantemente» a los valencianos con «una postura soberbia».

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó a la Generalitat que en la pasada legislatura fue una de las más beneficiadas por las medidas adicionales de financiación autonómica a la espera de revisar el sistema, con el que en su día no estuvo de acuerdo el PP. «Habrá que esperar a la sentencia para ver qué doctrina fija en ese punto», señaló.

Sáenz de Santamaría dejó claro que el Gobierno del PP, ahora en funciones, se limitó la pasada legislatura a cumplir con el modelo de financiación vigente, que ese partido no respaldó en las Cortes cuando fue aprobado, y se comprometió a revisarlo después de evaluar su funcionamiento. «Es el modelo del PSOE, que ellos mismos reconocen, por ejemplo en los últimos documentos, que genera problemas», indicó. Añadió que en la pasada legislatura se aprobaron instrumentos complementarios de financiación, como el Fondo de Liquidez (FLA) que ha permitido que las comunidades, «muy especialmente la valenciana», puedan pagar a proveedores y mantener servicios públicos».