Bernat Sirvent
Miércoles, 24 de febrero 2016, 01:53
Hasta tres camiones 'trailer', algunos con doble composición, fueron necesarios para el traslado, ayer, de todo el material de oficinas y técnico que había en la delegación alicantina de la clausurada hace ya más de dos años Canal 9, la televisión autonómica. La operación, que estaba prevista por los liquidadores de la sociedad pública dependiente RTVV, se demoró algún tiempo por el coste propio de la mudanza y porque, en un principio, se barajó la posibilidad de llevar todos los enseres a alguno de los edificios de Ciudad de la Luz, según explicó ayer a este diario el director general de Relaciones Informativas y Promoción Institucional de la Generalitat, Ximo Clemente.
Publicidad
Finalmente, se ha decidido por realizar la mudanza al centro de programas y emisión de Burjassot, dado que en esa instalación todavía hay personal técnico que ahora realizará un inventario de todo el aparataje y mobiliario disponible. «Lo que se tenga que tirar se tirará y lo aprovechable, lo mantendremos», explica Clemente. El desmantelamiento del centro de producción de Canal 9 en Alicante ya lo habían decidido los liquidadores (uno de ellos de Elche, Francisco Gómez Barroso) debido al elevado coste que supone mantener abierta (aun inoperativa) la delegación alicantina. Uno de los principales caballos de batalla ahora, dos años después del apagón de la televisión, son los 300.000 euros anuales que por contrato debe pagar la Generalitat por renta de alquiler. «Existe una voluntad expresa por el contrato gravoso y lesivo para los intereses públicos, un contrato que nunca nos hemos acabado de explicar y que incluye la cesión de la superficie a treinta años», matiza Clemente.
Cables, mesas de control, sillas, cajoneras, lámparas de platós....Todo un mundo de material audiovisual que ya estaba desmontado y que en las últimas horas han envasado y transportado los operarios de la empresa especializada. De la mudanza de ayer se puede inferir una cosa: la nueva RTVV nacerá sin una delegación en Alicante y ya jamás, previsiblemente, dispondrá de un centro de producción propio la provincia, como desliza el propio director general de Relaciones Informativas.
La cancelación del contrato del centro de producción de programas de RTVV en Alicante se ha convertido en el auténtico quebradero de cabeza para la comisión liquidadora de la extinta televisión autonómica valenciana. De hecho, algo más de dos años después del fundido a negro, un 28 de noviembre de 2013, se sigue pagando dicha renta mensual, de unos 23.000 euros netos. El problema para los liquidadores, recordó ayer el propio Clemente, es que el contrato, que en su día se ocultó hasta al consejo de administración por considerarlo confidencial, no incluye ninguna cláusula de rescisión a la que los liquidadores puedan acogerse. Obliga a RTVV a pagar la renta por un periodo de 33 años desde el día de su firma, 1 de agosto de 2002, decidido en tiempos de Eduardo Zaplana. El solar es propiedad de una empresa vinculada al grupo de distribución Comercial Tabarca.
Ese documento autorizó entonces a las mercantiles TVV y RAV (Canal 9 y Ràdio 9) al uso del suelo por una renta mensual de 18.483 euros más IVA en el primer año. A partir de ese ejercicio se actualiza por el IPC, lo que ha disparado el canon y lo ha encarecido desde entonces. Además, el edificio tuvo un coste de 4,48 millones de euros, con un sobre coste del 36%, según dijo en su día el Síndic de Comptes. La Generalitat sigue negociando para que la empresa rescate ya el edificio de modo anticipado a cambio de reducir la renta de alquiler que habría que pagar hasta el fin del contrato e incluso parte de la inversión no amortizada.
Publicidad
De no ser así, podría optar por la vía judicial, admite Ximo Clemente. La amortización, sin embargo, no llegaba ni al 10% en los diez primeros años de funcionamiento del centro de producción, lo que podría ser determinante para que el Consell acabe litigando ante el juez ante una eventual resistencia de la sociedad propietaria a la compensación. RTVV inició las obras de reforma y las paralizó. En teoría porque la estructura no resistía tanto peso. Después se construyó el edificio entero con un contrato de derecho de superficie.
Suscríbete a Las Provincias: 12 meses por 12€
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
El mejor restaurante de comida sin gluten de España está en Valladolid
El Norte de Castilla
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.