La Conselleria investiga la suelta ilegal de perdices en cotos de caza

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ha iniciado un plan de control de los cotos de caza, tanto los de titularidad privada como las que pertenecen a los denominados clubs de caza, que arriendan los terrenos de propiedad pública de Ayuntamientos u otras Administraciones. En el caso de la provincia de Alicante, ya ha iniciado los primeros expedientes sancionadores. Se trata de un coto de caza privado emplazado en la comarca de l'Alacantí donde los agentes de medio ambiente que dependen de la Conselleria han descubierto la suelta de perdices de granja, una práctica que está totalmente prohibida por la Ley de Caza de 2004 de la Generalitat Valenciana, salvo en aquellas ocasiones en las que la dirección general del Medio Natural las autoriza de modo puntual y siempre bajo estrictos controles de sanidad animal.

Según explican a este diario desde la Conselleria que dirige Elena Cebrián, las primeras investigaciones del cuerpo de agentes medioambientales les dirigió directamente a un coto de caza situado muy cerca de la capital, en la comarca de l'Alacantí. Allí, los técnicos que velan por las buenas prácticas medioambientales y por la prevención de riesgos de incendios forestales, entre otras atribuciones, descubrieron «suficientes indicios de que se estaba registrando una supuesta suelta de perdices». Tras varias inspecciones oculares, los agentes hallaron cajas de transporte de esta gallinácea, el animal más cotizado en el deporte de la caza menor con escopeta, la auténtica reina de la cinegética.

Sin guía de transporte

Los técnicos de la Conselleria comprobaron que se trataba de cajas con datos de una granja especializada para la cría de perdices en Cuenca, así como la fecha del traslado de los animales. Según la declaración a los agentes del titular del coto, se admitió en todo momento que se habían soltado las perdices (un número indeterminado, pero considerable) con el fin de repoblar la finca «porque eran de buena calidad». Sin embargo, no aportó los obligados permisos de suelta y transporte, requisito necesario en estos casos. Los agentes contactaron con los veterinarios de la zona de Cuenca a la que pertenece la granja y llegan a la conclusión de que viajaron de la provincia manchega hasta Alicante sin la preceptiva guía de transporte, sin los certificados sanitarios expedidos por la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha y sin los necesarios de la dirección general del Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana. Un requisito esencial para realizar sueltas de perdices no salvajes.

Los responsables del coto ofrecieron su colaboración para capturar algunos ejemplares y tomar muestras sanguíneas, bajo la supervisión de los servicios veterinarios de la Conselleria en Alicante y Valencia, con el fin de detectar posibles enfermedades o la autenticidad de la raza, lo que puede perjudicar, según los técnicos, a la auténtica perdiz roja autóctona.

La Conselleria, en colaboración con los veterinarios de Castilla La Mancha, ya tramita las correspondientes denuncias a los titulares del coto de caza. Según explica la Conselleria, se está a la espera de los resultados e la analítica para determinar el alcance de estas prácticas ilegales en cotos de la provincia de Alicante. Los agentes medioambientales prosiguen la investigación en otras comarcas. El presidente de la Federación Provincial de Caza, Miguel Ángel Romero, admitió ayer que «está prohibida la suelta», aunque explicó que solo conocía «de oídas» un caso por la zona de Benidorm. Ofrece su colaboración.