El PSOE enmienda una moción que él mismo presentó hace un año para echar a imputados

El mundo al revés en el Ayuntamiento de Alicante. Si algún ciudadano asistió al Pleno de enero de 2015 y acude también al que se celebrará esta tarde, es posible que le cueste asimilar lo que oye y ve y sobre todo quién dice qué. Al menos en el momento en el que se debata la moción convertida en declaración institucional del grupo municipal de C's en la que, como avanzaba ayer este diario, pedirá la retirada de sueldo y competencias a los ediles imputados o condenados por cualquier tipo de delito. Solo C's y Compromís, por ser nuevos en las bancadas del Pleno, se librarán de contradecirse abiertamente respecto a lo que pidieron y dijeron hace poco más de un año.

El PSOE presentó ayer una enmienda a la declaración institucional de C's para limitar la retirada de sueldo y competencias solo a los imputados o condenados por delitos de corrupción o de violencia de género. Evita, así, al equipo de gobierno tener que aplicarle la medida a Marisol Moreno. Ello pese a que ayer mismo el alcalde no cerraba las puertas a quitarle las competencias a la edil de Guanyar él mismo.

Pero, sobre todo, pese a que hace un año y un mes, los socialistas llevaron a Pleno exactamente la misma moción que ahora plantean los de C's. En aquella ocasión, el PP, que gobernaba, aceptó que se debatiese como moción. Un año después, el tripartito trató de eliminarla del Pleno en la junta de portavoces por entender que no podía admitirse como moción. Y tuvo que ser el PP el que la salvase al advertirle a C's que la podía reconvertir en declaración institucional, como al final hizo.

En el acta del Pleno de enero de 2015, a la que ha tenido acceso este diario, el entonces portavoz socialista, Miguel Ull, habló de la «pérdida de credibilidad de la función pública y la inestabilidad de los cimientos del sistema democrático» derivadas de tener políticos imputados. Y pedía al entonces alcalde, Miguel Valor, pasar página de la época «conflictiva» de Sonia Castedo y avanzar hacia «un futuro libre de sobresaltos de posibles conductas delictivas o irregulares, marcando un posicionamiento claro en casos de imputados y marcando las diferencias nítidas y claras entre la responsabilidad política y la penal».

Ahora, sin embargo, Echávarri justifica el cambio radical de política en que la moción de entonces fue fruto del grupo municipal ya desmantelado y que se gestó «al margen» de los criterios de la Ejecutiva local socialista, que él ya presidía.

El actual vicealcalde y líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, que entonces era portavoz de EU, dijo en aquel Pleno de hace un año que creía «necesaria» la iniciativa del grupo socialista para quitarles competencias a concejales entonces imputados como Andrés Llorens y Juan Seva. Y votaba a favor de la misma. Cierto es que en su segunda intervención se mostraba partidario de acotar los supuestos, enumerando la corrupción, la mala administración del dinero público, la mala praxis en materia de contratación y malversación de caudales públicos. Casos en los que no entraría el de Marisol Moreno en la actualidad. Es de esperar que, un año después, Guanyar secunde la enmienda socialista, mucho más restrictiva. Y que también lo haga Compromís.

Sin embargo, el PP, que tumbó hace un año la moción socialista, ahora apoyará la de C's, eso sí, también la ha enmendado para acotarla, aunque mucho menos que los socialistas. Piden quitar competencias y sueldo a todos los condenados, por cualquier delito, por entender que son «delincuentes» y no pueden seguir en el Ayuntamiento. Sin embargo, en el caso de los imputados, restringen la medida a la corrupción, delitos relacionados con la función pública, violencia de género o delitos contra la libertad o indemnidad sexual.

Hace un año, sin embargo, Marta García-Romeu, que era la portavoz del PP, calificaba de «barbaridad» la moción socialista. Aseguraba, de hecho, que con ella se vulneraban «los principios más elementales y fundamentales del derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a no ser condenado en virtud de una sentencia». Al final, la moción fue rechazada con los votos del PP, mientras que votaron a favor el grupo socialista, EU y UPyD. Hoy, todo apunta a que saldrá adelante la versión enmendada del PSOE.