El tripartito salva a Marisol Moreno de la ofensiva de la oposición para echarla

El equipo de gobierno municipal se mantuvo ayer unido en defensa de la concejal Marisol Moreno, condenada por injurias al Rey, que se convirtió, de alguna manera, en la protagonista del Pleno ordinario de febrero sin abrir la boca y sin que ni siquiera se citase su nombre. El PSOE, Guanyar y Compromís hicieron valer sus votos mayoritarios para acotar la declaración institucional presentada por el grupo municipal de C's para quitar competencias y sueldo a los ediles imputados o condenados. Y eso que la propuesta fue modificada a última hora por C's para tratar de forzar el apoyo del PSOE.

Como informó ayer este diario, C's pedía inicialmente la medida para cualquier imputado o condenado. El PSOE presentó una enmienda para circunscribirla a los imputados o condenados por corrupción o violencia de género y el PP otra para incluir a los imputados por corrupción, violencia de género, delitos relacionados con la función pública y contra la identidad sexual y a los condenados por cualquier delito.

Pues bien, ayer C's daba la sorpresa y autoenmendaba su declaración. Incorporaba parte de las limitaciones de la enmienda presentada por los populares y añadían un punto extraído literalmente del acuerdo firmado pocas horas antes por Pedro Sánchez y Albert Rivera para el Gobierno central.

Ambos partidos se comprometen, en concreto, a «suspender a concejales y parlamentarios a los que se les abra juicio oral por algún delito doloso». C's recogió el guante y, en un intento de sumar a su postura al PSOE, romper el voto del tripartito y lograr la retirada de competencias de Marisol Moreno, incluyó en su declaración institucional el compromiso de «retirar competencias, dedicación y retribuciones a cualquier concejal contra el que se abra juicio oral por algún delito doloso».

Al PP le admitía limitar los casos de retirada de sueldo y competencias a imputados (investigados) a los casos de corrupción, contra la violencia de género o contra la libertad o indemnidad sexual.

En caso de condena, pedían que se aplicase a cualquier delito.

Todos los grupos se llevaron un jarro de agua fría cuando el secretario del Pleno les informaba ayer de que sus enmiendas no eran válidas, dado que no se pueden aplicar a declaraciones institucionales.

Todo apuntaba a que, finalmente, se tendría que votar la declaración inicial de C's. Sin embargo, con astucia, el tripartito reunió de urgencia la junta de portavoces y admitió incorporar la enmienda de C's como si fuese una nueva declaración institucional de urgencia.

Y es que les convenía más votar la segunda, punto a punto, que la primera, a la que tendrían que oponerse si querían salvar a Moreno, dado que se incluían todos los delitos.

Al final, el PSOE, Guanyar y Compromís votaron a favor de quitar sueldo y competencias a imputados por corrupción, violencia de género y delitos sexuales, y en contra de quitárselos a quienes le abran juicio oral por delitos dolosos o a los condenados, ya que estos dos últimos casos implicarían la salida de Moreno.

«Solo corrupción»

El PSOE justificó salirse del pacto Sánchez-Rivera en que, en su opinión, el hecho de que esta medida está dentro de un punto que se circunscribe a la corrupción y a las medidas para prevenirla y actuar contra ella. Entienden que el caso de Moreno, condenada por injurias al Rey, no se ajusta al punto en cuestión.

No mencionó la falta de coherencia con la moción que los socialistas presentaron hace un año, en la que pedían quitar competencias y sueldo a todos los imputados, como hacía C's inicialmente.

Compromís se limitó a constatar que iba a votar igual que sus socios.

El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, consideró «coherente» su voto de ayer con el de hace un año, en la moción del PSOE. Pavón recordó que los acotó ya entonces a corrupción, mala administración del dinero público, mala praxis en materia de contratación y malversación.

Sin embargo, sí que afeó al PP que entonces tumbase la medida por considerarla «una barbaridad» y ahora la apoye. Y aprovechó para sacar del cajón a los exalcaldes populares imputados por corrupción, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

El portavoz del PP, Luis Barcala, reconoció que su partido «y otros» tienen que soportar los casos de corrupción «avergonzados» y habló de la necesidad de regeneración y no solo en casos de corrupción.

Fue especialmente incisivo el rechazo del tripartito a echar a los condenados, que vinculó directamente al caso Moreno, sin citarla. «Ni siquiera hablaríamos de condenados si no tuviésemos uno en este Pleno. Al principio de la legislatura, si preguntásemos uno a uno, nadie hubiera discutido que los condenados tienen que irse, porque ser concejal y delincuente es incompatible», les espetó.

Al final, los populares votaron a favor de echar a imputados y a condenados, aunque se abstuvo en el punto relativo a los delitos dolosos, por entender que es un campo «demasiado amplio».

Todos estuvieron de acuerdo en que los grupos municipales retirasen su apoyo a los imputados.

En otra declaración institucional, también presentada por C's, se aprobó por unanimidad instar a la Generalitat a elimina la figura del aforamiento. Una garantía que, coincidieron todos, se ha «desvirtuado» en los últimos años con los casos de corrupción.

Nueva comisión

A propuesta de C's, se aprobó crear una comisión de seguimiento de los asuntos aprobados en el Pleno. Y se acordó definitivamente derogar la ordenanza contra la prostitución y la mendicidad.

Además, el Pleno de ayer fue el primero en retransmitirse en directo con tecnología 'streaming'.