El Ministerio propone cambiar «agua por agua» y aborta las movilizaciones

Las movilizaciones anunciadas para la próxima semana quedaron ayer abortadas. Los regantes del Trasvase podrán salvar a malas penas esta primavera si reciben en un plazo de tres semanas la ayuda de 30 hectómetros de la cuenca del Segura. La fórmula que se utilizará será el cambio de «agua por agua», pero antes hay que completar el trámite administrativo, con un periodo de exposición pública, se abrirá el lunes y probablemente la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ratifique la operación. Llegado el momento, los regantes tradicionales de las vegas media y baja lo aceptarán a regañadientes, aunque mantienen su oposición, sobre todo los últimos.

Esta nueva crisis parece resuelta; otra vez con parches. El problema se agravará en verano si los embalses no se recuperan. El desbloqueo se produjo ayer en la sede del Ministerio -que ha tomado las riendas- en una reunión en la que se vieron las caras los representantes del acueducto y los de las tres vegas del Segura. Empezó tensa debido al tira y afloja de la semana, y los oficios del secretario de Estado de medio Ambiente y de la directora general del Agua, Pablo Saavedra y Liana Ardiles, suavizaron la situación.

Apaciguar las aguas

En lugar de abonar una indemnización por esos caudales, los usuarios del Trasvase se comprometen a devolver el mismo volumen a la cuenca del Segura cuando los embalses de la cabecera del Tajo dispongan de reservas suficientes. Para ello tendrán que pasar al Nivel 2 de normalidad hidrológica, que significa aumentar las reservas por encima de los 580 hectómetros. En estos momentos hay 430.

El presidente de los regantes del Trasvase, José Manuel Claver, indicó que esta operación le saldrán más cara a sus comuneros debido al precio del metro cúbico, pero dijo tras la reunión que estaba moderadamente satisfecho con la propuesta de los dos altos cargos. Claver acudió a la reunión acompañado por José Antonio Andújar y Juan Marín. Por parte de los regadíos de la vega alta lo hizo Isidoro Ruiz; mientras que Diego Frutos y Manuel Larrosa acudieron en representación de la Junta de Hacendados y el Juzgado privativo de Orihuela.

Larrosa mantuvo su rechazo a la cesión por cuanto no tienen garantías de que haya agua suficiente al final del año hidrológico. Frutos apuntó que respetará la decisión del Ministerio y de la CHS, aunque no está conforme. Isidoro Ruiz está de acuerdo desde el principio. Las aguas no han vuelto a su cauce, pero parecen que se han apaciguado después de la confrontación de las últimas semanas en las que se «han dicho cosas desagradables», apostilló Claver.

A juicio del secretario de Estado y la directora del Agua, la fórmula más aconsejable es el intercambio de caudales, basándose en un informe de la Abogacía del Estado. Ambos estuvieron acompañados por el presidente de la CHS, Miguel ángel Ródenas, y el comisario de Aguas, José Carlos González. La zona regable del Trasvase espera contar los próximos meses con las dotaciones que le corresponde de la cabecera del Tajo. El Nivel 3 actual permite derivar un máximo de 20 hectómetros mensuales. En esta situación podrán aguantar hasta junio. A partir de ahí precisarán 30 hectómetros por mes. Los regantes del Trasvase solo han recibido 3 hectómetros de la cabecera del Tajo desde octubre.

Asegurar el abastecimiento

En una situación parecida se encuentra la Mancomunidad de Canales del taibilla para asegurar el abastecimiento a 2,5 millones de habitantes. El delegado del Gobierno en este organismo, Adolfo Gallardo, se reunió con los directivos de Hidrogea, encabezados por Javier Ybarra, para explicarles que el suministro está garantizado los próximos meses con los recursos del Tajo. Ahora precisan de 6 a 7 hectómetros mensuales, pero en verano necesitarán 10.

Las cuatro desaladoras están en funcionamiento a un ritmo desigual. Dos de ellas producen entre el 80% y el 100% de actividad, y las obras a menos de la mitad. Gallardo avisó a la CHS de que si la situación empeora tendrán que desalar más y pedir recursos de la cuenca.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, por otra parte, está trabajando en el recurso contencioso administrativo que presentará, antes del 19 de marzo, en el Tribunal Supremo contra los planes de cuenca del Tajo, Guadiana, Júcar, Segura aprobados por el Gobierno central, informa Efe.

Así lo aseguró ayer el director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, antes de reunirse con organizaciones agrarias y comunidades de regantes de Ciudad Real para analizar la influencia de esos planes hidrológicos. A su juicio, no quedan cubiertas las necesidades de su Comunidad.