La plantilla de Coepa vive con «angustia» el posible cierre

A la patronal Coepa se le acaba el plazo de cuatro meses que legalmente tiene a mano para buscar una solución a sus maltrechas finanzas tras la presentación, el pasado 10 de noviembre, de un preconcurso de acreedores tras la petición por el IVF al juez del embargo de todos sus bienes por impago de un crédito de 3 millones de euros (3,9 si se incluyen intereses naturales y de demora). La plantilla de Coepa reaccionó ayer con un comunicado, divulgado también a través de las redes sociales, en el que, bajo el título 'Coepa se asoma al abismo de la desaparición', advierte de que queda una semana para que acabe el plazo de dicho preconcurso de acreedores «y los trabajadores nos enfrentamos a un amargo período de angustia y de incertidumbre que puede terminar con más de veinte empleados despedidos y el cierre de la Confederación».

Reiteran los argumentos esgrimidos hasta ahora. Es decir, que la Generalitat dejó de aportar dinero para dotar de programas de formación y llenar las instalaciones de actividad y que Coepa se convirtió en el gestor y organizador único del centro. «Pasado el tiempo, la Administración autonómica ha dado la espalda al proyecto y ha dejado en manos de Coepa toda la responsabilidad y el crédito solicitado para terminar la obra», añaden. Creen que ha valido de poco la comisión negociadora creada por tres empresarios, que pedía una solución que pasaba por una dación en pago que el IVF rechaza de plano y que el Ayuntamiento analiza aún , aunque con pocos visos de prosperar pese a que el alcalde Echávarri no lo veía con malos ojos dado que el valor del edificio construido sobre suelo municipal sería superior al del crédito impagado. «Han pasado más de tres meses y seguimos en el punto de partido, pero con muy poco tiempo para avanzar en la necesaria solución a este sinsentido que va a finiquitar de un plumazo, y sin que la sociedad alicantina haga nada por evitarlo, un agente social insustituible», añaden los 21 empleados que le quedan a la patronal tras varios ajustes. El Ayuntamiento estudia quedarse con el edificio sin coste alguno en base a la falta de actividad y a la irregular declaración de Coepa como entidad de interés municipal.