El PPCV cierra otro mes negro con la apertura del juicio oral por financiación

Si el PP de la Comunitat Valenciana pensaba que con el caso Imelsa, que ha destapado una presunta trama de amaño de contratos públicos que afectan a la administración autonómica, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento del cap i casal, y que con la pieza separada por presunto blanqueo que afecta al PP de la ciudad, ya había finalizado este mes negro -las detenciones de una veintena de personas se produjeron el pasado 26 de enero-, se equivocaba.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió ayer abrir juicio oral a 20 acusados, entre ellos 5 excargos del PP y del Consell, por delito electoral y falsedad en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y por delito fiscal. Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción pide 7 años y 9 meses de cárcel para Ricardo Costa, Vicente Rambla, Cristina Ibáñez y David Serra, y 6 meses y 650 euros de multa para Yolanda García, así como multas que ascienden a 6.600 euros.

La decisión devuelve al primer plano el 'caso Gürtel', la investigación dividida en un total de seis piezas de las que ya se está juzgando una -la que corresponde a la contratación por parte de la Generalitat de las empresas de la trama para la organización de los estands de la Comunitat Valenciana en Fitur en el periodo 2005-2009, y que es la única que se ha quedado en el TSJ valenciano-, y tiene ya otra, la de los contratos menores de la administración con firmas del grupo Correa, a la espera de fecha para la apertura de juicio (la misma situación en la que quedan ahora las piezas 1 y 2 de financiación irregular).

Situación crítica

Pero, por encima de todo, acentúa la situación crítica en la que se encuentra el PP valenciano debido a la multitud de investigaciones judiciales que tienen a muchos de los que han sido sus dirigentes bajo sospecha. La comparecencia el jueves de la exalcaldesa Rita Barberá, señalada en la investigación por supuesto blanqueo en el PP de la ciudad, unida a la investigación -término que sustituye al de 'imputación' tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- de medio centenar de concejales, exediles y asesores del PP de Valencia, y la detención y posterior puesta en libertad del expresidente provincial y de la Diputación Alfonso Rus y sus principales colaboradores en la institución provincial no sólo ha sacudido a la nueva dirección del PP valenciano sino que ha devuelto sobre la Comunitat toda la presión y el foco mediático por la investigación de casos de corrupción.

La apertura de juicio oral por la supuesta financiación irregular del PP valenciano coincide además con las dudas que el caso Imelsa y la pieza separada por el blanqueo han generado de nuevo sobre la contabilidad del partido valenciano. El propio expresidente Francisco Camps, que compareció esta semana ante los medios, ya reconoció que de lo que se estaba hablando durante las últimas semanas no era nuevo. Y no lo es porque las sospechas sobre cómo se financió el PP valenciano arrancan de la investigación del caso Gürtel.

Algunas fuentes cercanas a la investigación han venido sosteniendo los últimos días que la trascendencia principal del caso Imelsa y de su derivada en la ciudad de Valencia se encuentra en el hecho de que permite entender algunas de las claves de cómo funcionaba la financiación de los populares de la Comunitat.

El mes negro del PP valenciano, es decir, los últimos treinta días, ha visto desfilar por la Guardia Civil y por el juzgado a casi un centenar de personas, ha dejado investigados a nueve de los diez concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia y ha embarrado la imagen de la exalcaldesa Barberá, hasta el punto de convertirse en una de las aristas que más ha preocupado a la calle Génova durante las últimas semanas, coincidiendo con el periodo de consultas y negociaciones previo al debate de investidura de la próxima semana.

Tres piezas

La decisión de ayer de De la Mata supone enviar así a juicio en un mismo auto tres piezas de la trama Gürtel en Valencia (1, 2 y 6) de las 5 que fueron remitidas a la Audiencia Nacional al perder los cargos implicados su aforamiento.

Entre los 20 acusados figuran además responsables de empresas y trabajadores de la trama Gürtel como el presunto cabecilla Francisco Correa, Pablo Crespo, el propietario de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez Alonso «el Bigotes», y José Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol.

Según explica De la Mata, la investigación de todos estos años permite concluir la existencia de una forma de pago de carácter dual por parte del Partido Popular valenciano, abonándose parte con dinero oficial (denominado Alicante en algunas conversaciones y documentos) y otra parte presuntamente en dinero «con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en B denominado Barcelona; estas cantidades engrosarían la denominada Caja B de Orange Market y la del grupo)».

El juez cree que los miembros del PPCV imputados contrataron a Orange Market «con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008», servicios que abonaron «de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros».

Así, en las elecciones de 2007 Orange Market se embolsó 1,1 millones de euros por las autonómicas y 78.878 por las municipales, mientras que en las generales de 2008 obtuvo 801.810 euros, sin que esos servicios prestados fueran «objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria».

La Fiscalía cree que la expansión del Grupo Correa a Valencia entre 2003 y 2005 «tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en aquella comunidad, con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la adjudicación de contratos en actos del partido, de la Administración o entidades dependientes».

«Una parte del gasto comprometido por los acusados vinculados al PPCV fue financiado por empresas directamente a Orange Market», que supuestamente facilitó facturas falsas.

Empresarios

Entre los acusados, también figuran los empresarios Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna (expresidente de la patronal alicantina Coepa), Antonio Pons Dols, Alejandro Pons Dols, Gabriel Alberto Batalla Reigada, Enrique Francisco Ortiz Selfa (imputado junto con la exalcaldesa de Alicante en los casos 'Rabasa' y 'PGOU', ambos piezas separadas de 'Brugal'), José Francisco Beviá García y Vicente Cotino Escribá (sobrino del expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino).

Se considera acreditado que la constructora Piaf, por decisión de sus consejeros Antonio y Alejandro Pons, entregó al PP 31.312 euros por estos servicios; Facsa (propiedad de Enrique Gimeno) 405.668 euros; Grupo Vallalba (Rafael y Tomás Martínez Berna) 199.520 euros; Lubasa (Gabriel Alberto Batalla) 110.200 euros; Enrique Ortiz abonó 348.115 euros; Sedesa (Vicente Cotino) 150.684 euros.

Por todo ello, el ministerio fiscal acusa de dos delitos electorales en 2007 a cuatro políticos (Costa, Serra, Rambla e Ibáñez) a los que atribuye también un delito de falsedad documental, así como a seis empresarios (Antonio y Alejandro Pons, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez y Gabriel Alberto Batalla) y cuatro responsables de Gürtel (Correa, Crespo, Pérez y Herrero). Y a todos ellos les considera responsables también de un delito electoral en 2008.