Todos los afectados por impagos a la VPO de 2008 a 2010 ya han cobrado

Las entregas a cuenta del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) durante los últimos días del año anterior y principios de éste (que colocaron a la Comunitat Valenciana a la cabeza en España de recepción de dinero de este instrumento financiero del Ministerio de Hacienda para el pago a proveedores comerciales, financieros y a administrados) han sido decisivas para que el inmenso agujero que tenía la Conselleria de Vivienda con los beneficiarios de ayudas a la entrada en la compra de VPO (una especie de cheque vivienda) hayan cobrado ya. Al menos los que más atrasos sufrían, tanto compradores particulares como incluso promotores.

La bola de nieve de las ayudas directas a fondo perdido (sin incluir las de subsidiación a créditos, que dependen del Gobierno central) se hinchó hasta los 240 millones de euros, como reconoció en su día la exconsellera del ramo, Isabel Bonig, y desde julio su sucesora Salvador. Fue precisamente a finales de julio cuando la consellera firmó, junto al director general de Vivienda, Alberto Sanchis, un convenio con la Plataforma de Afectados por Impagos de Ayudas a la Vivienda de la Comunitat para establecer un calendario concreto de pagos de 93,50 millones. El objetivo es saldar toda la deuda en tres trimestres.

En el primero previsto, entre noviembre y el pasado enero, se ha abonado todo el atraso que quedaba a solicitantes de ayudas de los años 2008, 2009, 2010 y el 10% del 2011. En total, 30 millones de euros que han sido pagados, según confirma un portavoz de la Conselleria y otro de la plataforma de afectados. De hecho, muchos de ellos recibieron el dinero unas jornadas antes de las fiestas navideñas, lo que ayudó a muchas familias a celebrarlo de un modo especial al recibir cantidades entre 10.000 y 30.000 euros.

La Conselleria quiere aplicar un «riguroso» calendario de pagos por lo que ya ha iniciado el segundo trimestre que se extiende entre febrero y abril con otros 30 millones para finiquitar la deuda con el 65% restantes de solicitantes pendientes del año 2011. Para el tercer trimestre, entre mayo y julio, se prevé el pago de otros 33,5 millones al 25% restante del año 2011 (por orden de antigüedad) y de las anualidades 2012 y 2013. Conselleria y plataforma de afectados tienen previsto reunirse el próximo mes de marzo para analizar cómo evolucionan los pagos o si hay problemas burocráticos. Además, la Conselleria se compromete a tramitar, contabilizar y pagar, una vez acabe este calendario en julio, a las 5.600 familias que quedaron sin atender por la anterior Administración al no haber consignación presupuestario.

La anterior Conselleria les expidió el modelo 501, en el que admitía que cumplían los requisitos para recibir las ayudas, pero retrasaba el cobro a la existencia de crédito presupuestario, lo que generó confusión, pues muchas familias solicitaron préstamos bancarios confiando en que el documento enviado por Vivienda garantizaba el abono rápido. El montante de estas 5.600 familias que están siendo también incluidas se eleva a 40 millones de euros. Está previsto que cobran entre cuatro y seis meses después de finalizar el calendario fijado hasta el 31 de julio. Es decir, entre agosto y enero del próximo año.

Modelo 511

El pasado mes de diciembre, la consellera María José Salvador ya dejó claro que había hallado otros 40 millones en impagos al cheque-vivienda, en alusión a la disfunción del confuso modelo 511.

La Conselleria asegura que en año y medio se «resolverá» un problema que se acumulaba para 50.000 personas de toda la Comunitat desde hace nada menos que ocho años. «No es un favor, sino un derecho lo que tienen estas personas a cobrar y que estamos reconociendo día a día, semana a semana, con la mayor rapidez, porque son personas trabajadoras que un día quisieron comprar o alquilar una VPO y quedaron atrapadas por la nefasta gestión del gobierno anterior», añade la Conselleria.

Vivienda también tiene previsto analizar el problema acarreado por un fallo de noviembre del Tribunal Constitucional, que avala la Ley 4/2013, del Gobierno central, sobre el alquiler, que suprimía retroactivamente las prórrogas de las ayudas a la subsidiación de préstamos de la VPO. Salvador lo llegó a calificar de «desolador y lamentable».