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Bernat Sirvent
Jueves, 3 de marzo 2016, 01:28
Moisés Jiménez Mañas, presidente de la patronal alicantina Coepa, presentó ayer su dimisión, de manera irrevocable, ante la junta directiva que se reunió de modo extraordinario apenas cuarenta y ocho horas después de que lo hiciera para facultarle para presentar en el plazo de una semana un concurso voluntario de acreedores ante la eventual imposibilidad de resolver la crisis abierta por el impago de casi 4 millones de un crédito del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para construir el polémico centro de oficios. En declaraciones a este diario tras el cónclave, aseguró que nadie le había pedido su marcha, ni siquiera el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, quien podría vincular un posible rescate del centro de Babel de Alicante a una profunda regeneración de la confederación empresarial, y subrayó que lo hacía «para desatascar la situación porque se acaba el plazo legal».
El gesto de generosidad del empresario del sector informático, vinculado directamente a los órganos directivos de Coepa desde hace casi un cuarto de siglo, cuando en 1994 accedió a la presidencia de Jóvenes Empresarios de Alicante (Jovempa), fue aplaudido por los casi treinta miembros de la junta directiva, que, por otro lado, expresó su esperanza en que sea correspondido por las Administraciones implicadas en la resolución del impago del controvertido préstamo hipotecario otorgado por el IVF en el año 2006.
Las declaraciones que realizó el alcalde Echávarri el martes, un día después de la petición por Coepa de mediación a Ximo Puig y del inicio de la tramitación inminente del concurso tras cuatro meses de preconcurso para ganar tiempo después de la solicitud de embargo de todos los bienes que hizo la Generalitat Valenciana, han sido determinantes. Echávarri vino a criticar que llevaba varios meses sin recibir «contacto oficial» alguno desde Coepa y dijo que Alicante «necesita una patronal fuerte para reclamar y garantizar inversiones en la ciudad». Una alusión, que no es nueva, a la necesaria unidad de los empresarios, especialmente con las patronales Cepyme, Fempa y Facpyme, las más críticas y ya sin presencia en Coepa.
Una apuesta sobre regeneración de la patronal que ayer no obvió Jiménez Mañas a la hora de adoptar la decisión de su marcha voluntaria: «Había mensajes en las últimas horas y yo lo que quiero es que se solucionen las cosas, porque sigo creyendo que es posible». Hace un día, Jiménez ya apuntó solo al anterior Consell del PP como único responsable de la situación al cambiar de forma drástica en el año 2006 la orden sobre ayudas para formación ocupacional, que debía servir para dotar de contenido al centro construido unos años antes.
La supervivencia pura y dura de la principal organización empresarial de la provincia está ahora mismo en el tejado del alcalde Echávarri, pues el centro se construyó sobre suelo municipal y podría quedarse con las edificaciones (tasadas por Coepa en unos 6 millones de euros), pagarle a la patronal y que ésta devuelva el crédito de 3,9 millones con intereses naturales y de demora que adeuda al IVF.
Fuentes del banco público de la Generalitat explicaron ayer que esperan a que el propio Ayuntamiento le remita un compromiso por escrito en esa línea de trabajo para apelar al articulado de la Ley Concursal que permite cerrar con el juez de lo Mercantil el denominado 'pacto de espera'. Dos o tres meses que evitarían presentar el concurso voluntario definitivo y, por otro lado, impedir la ejecución del embargo de bienes e ingresos por parte del juez de lo civil, como pidió en octubre la Abogacía General de la Generalitat siguiendo la hoja de ruta del anterior Gobierno valenciano gobernado por el PP, que es el que inició la ejecución del hipotecario.
La persona que está encargada de pilotar el proceso de transición, mientras se celebran unas elecciones en Coepa, es Francisco Gómez, el propietario del grupo hotelero Marjal de Guardamar del Segura y presidente de la Asociación de la Empresa Familiar. Aunque asume el cargo porque le toca estatutariamente, es un empresario muy respetado dentro de la junta y bien podría presentarse a la reelección, según fuentes próximas a él.
Gómez, junto al consejero del grupo de transporte de viajeros y servicios Antonio Arias y al empresario de autocares Cristóbal Valdés, ha tratado en los últimos cuatro meses de buscar una solución al bloqueo por el centro de oficios y la insolvencia extrema de Coepa, que incluso dejó de abonar durante cuatro mensualidades las nóminas a sus 21 empleados. Las gestiones fueron infructuosas, como explicó en la junta del lunes el propio Gómez. Este diario trató ayer, sin éxito, de saber la opinión del alcalde Echávarri sobre la marcha de Jiménez Mañas.
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