La Cámara propone al tripartito de Alicante quedarse con el centro de oficios de Coepa

La insolvencia extrema de la patronal alicantina Coepa, que debe casi 4 millones de euros al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por un crédito otorgado en el año 2006 para la construcción del polémico centro de oficios y simulador de riesgos laborales en el barrio de Babel de Alicante, introduce un nuevo actor. A las pocas horas de que el bloqueo de la operación, que mantiene en preconcurso de acreedores a la principal organización empresarial y que podría 'in extremis' salvar el concurso voluntario (el plazo se acaba el próximo miércoles), se haya saldado ya con la dimisión irrevocable del presidente, Moisés Jiménez Mañas, trasciende un nuevo elemento en la ecuación a tres bandas: la Cámara de Comercio de Alicante, que precisamente ahora ocupa en régimen de alquiler los locales de la sede de Coepa, ha propuesto ya al Ayuntamiento de Alicante su intención de quedarse el polémico centro de oficios.

El plan, que será trasladado en los próximos días (inmediatamente después del fin de semana), no ha trascendido. Es decir, no se sabe si la Cámara quiere ocupar el centro en régimen de alquiler con opción a compra o directamente realizar una compraventa, pero la intención de negociarlo ha sido trasladada ya por el presidente de la Cámara de Comercio en persona, el turronero José Enrique Garrigós, a uno o varios miembros del equipo de gobierno tripartito de Alicante, que ya ha accedido a reunirse con el empresario, según confirmaron ayer a este diario tanto fuentes municipales como de la propia entidad cameral.

La Cámara de Comercio está necesitada de espacio. Quedó de manifiesto esta misma semana en una jornada empresarial a la que asistió el embajador de Cuba en España y a la que no se le pudo dar más publicidad precisamente porque el aforo se llenó hace ya tiempo. Además, la entidad que preside Garrigós ha ampliado su actividad formativa sobre todo con el Plan de Capacitación PICE, coordinada por la Cámara de España, en la que prevé atender a unos 2.700 jóvenes alicantinos menores de 29 años.

La partida se amplía, pues, a cuatro bandas: Coepa, Ayuntamiento de Alicante, IVF y Cámara. Sería en un estadio posterior, después de la dimisión de Jiménez Mañas atendiendo a las presiones evidentes del alcalde Gabriel Echávarri hace apenas tres días, al apelar a la necesidad de una patronal «fuerte para reclamar inversiones en la ciudad».

A muy brevísimo plazo, el desbloqueo de una posible quiebra i disolución de Coepa sin solución de continuidad, lo que estaría determinado por la suspensión de pagos voluntaria ante el Juzgado de lo Mercantil el próximo jueves, como le obliga la legislación, llegaría de la mano de la propia Coepa. Fuentes del IVF que dirige Manuel Illueca, que instó en octubre la demanda de embargo de la patronal a través de la Abogacía General de la Generalitat, explicaron ayer a este diario que están esperando que la confederación empresarial le remita un escrito de petición para solicitar, a su vez con acuerdo y si el resto de acreedores lo acepta, un aplazamiento o prórroga de tres meses más del preconcurso. Una fórmula prevista en la vigente Ley Concursal, denominada 'pacto de espera' y que daría algo de tiempo para ultimar una salida airosa para todas las partes. «Nuestra obligación es recuperar el dinero público, los 4 millones de euros, por ello, si lo pide Coepa de manera formal hoy mismo, lo estudiaremos y decidiremos antes de que acabe el plazo el día 10», añade el IVF.

El banco público no quiso valorar directamente la dimisión de Jiménez Mañas, que tuvo un gesto de generosidad al apartarse de en medio tras las infructuosas gestiones durante cuatro meses. Pero sí aclaró que el Ayuntamiento de Alicante no tiene que remitirle ningún informe, «pues nuestro interlocutor es Coepa, si bien el Ayuntamiento forma parte, lógicamente, de la negociación al ser propietario del suelo». El IVF no asegura la prórroga del preconcurso, pero no la descarta.