La Oficina de Vivienda gestionará las ayudas contra la pobreza energética

El Ayuntamiento de Torrevieja va a gestionar a través de la Oficina Municipal de la Vivienda (OMV) las subvenciones de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para evitar la pobreza energética y poder hacer frente al pago de los alquileres sociales en hogares en riesgo de exclusión social.

La concejal de Vivienda, Fanny Serrano, y el edil de Patrimonio, Víctor Ferrández, dieron a conocer ayer los pasos que deben de seguir los beneficiarios de estas ayudas y de los medios que han puesto a su disposición para que puedan acceder a ellas de forma ágil. Ferrández anunció que la Oficina Municipal de la Vivienda situada en la planta baja de las dependencias de Urbanismo, recogerá la documentación los martes y jueves hasta el 24 de marzo, en horario de 10.00 a 14.00 horas y señaló que se ha destinado a dos personas de refuerzo más para ayudar a la que habitualmente atiende esta oficina.

Por su parte Serrano aclaró que el Ayuntamiento es quien tramita la documentación, a través de una plataforma informática, y recibe de forma directa el cómputo total de la subvención y se encarga de hacer efectivo el pago a las entidades suministradoras de servicio. «Un proceso con el que se alivia a los beneficiarios tener que afrontar una serie de trámites burocráticos que se pueden asumir desde la administración local con mayor celeridad y sin ningún tipo de coste para las familias demandantes», precisó. La edil cuantificó en unas cien las familias que podrían beneficiarse de esta subvención y advirtió que «desde el actual equipo de gobierno no se va a mercadear con el dolor de estas familias que se encuentran en una situación desesperante y muy grave porque esa no es la política de este gobierno ni la de ponernos la medallita».

Podrán acceder a las ayudas las familias en riesgo de exclusión social acreditada, cuya unidad familiar de convivencia tenga unos ingresos inferiores a 798,76 euros o a 1065, 02 en caso de que alguno de sus miembros tenga reconocida alguna discapacidad o se encuentre en situación de gran dependencia.

Además, tendrán que acreditar que tienen una deuda, desde octubre del 2015, con las empresas suministradoras o en el pago de los alquileres sociales. En el caso de estos han de acreditar que han sido desahuciados o que se han visto obligados a ofrecer su vivienda habitual en pago y, que como consecuencia de ello han accedido a un alquiler social.