«Desgraciadamente ahora estamos a la cabeza en procedimientos judiciales por corrupción»

Fiscal y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fue la apuesta del nuevo Gobierno autonómico para encabezar la Conselleria de Justicia, así como de Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas. Gabriela Bravo, valenciana de 52 años, tiene la tarea dotar un ámbito judicial de la Comunitat que asegura ha sufrido un marcado «abandono» en los último años y especialmente en la provincia de Alicante. No esconde la consellera que los partidos judiciales han sufrido una «discriminación clara» pese a que en la última etapa del PP en el Consell se sacara a infraestructuras como la Audiencia Provincial de Alicante un estado «lamentable». Sin embargo, y pese a reconocer que su experiencia al frente de Justicia es «positiva», Bravo asegura estar «muy preocupada» por las «graves carencias» que han de solventar.

-¿Tan mal se ha tratado a Alicante?

-Solo hay que ver cómo Castellón y Valencia cuentan con su Ciudad de la Justicia desde 2007 y 2002 y las sedes de la ciudad se encuentran dispersas.

-¿Qué se podría haber hecho?

-Al menos se tenía que haber abordado una reestructuración estructural del edificio del Palacio de Justicia si finalmente se decidió no hacer la Ciudad de la Justicia.

-Pero la Audiencia Provincial sí se reformó.

-Afortunadamente, porque hasta hace poco la situación era lamentable. Eso ha mejorado, pero sigue habiendo un gran número de profesionales (jueces de instrucción, de lo Penal, secretarios, fiscales, funcionarios) fundamentalmente los del ámbito jurisdiccional Penal que ocupan el edificio de Benalúa donde las carencias y deficiencias son lamentables.

-¿Para cuándo se pude iniciar la reforma del Palacio de Justicia?

- Es lo que estamos estudiando. Hemos iniciado ya los trabajos para desarrollar el proyecto base para poder iniciar los pliegos con las distintas fases de restauración del edificio. Lo que no puede ser es que sigan trabajando en esas condiciones.

-¿Cuál es la prioridad?

-La situación de la Fiscalía de Benalúa. Dentro del estado lamentable del edificio es quien se lleva la palma.

-En cuanto a dotación de medios humanos, ¿qué falta por hacer?

-La Conselleria mantiene una relación de coordinación y dialogo muy fluido con el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde el primer día. Nos hemos puesto a disposición también de la Fiscalía General, del fiscal superior y de los fiscales provinciales para detectar problemas y dotar los medios materiales y personales que hagan falta.

-Las necesidades parece que son muchas.

-El estado de la Justicia en la Comunitat ha sido lamentable y nos hemos encontrado en una situación muy, muy deficitaria de medios. En cuanto a infraestructuras hemos tenido que determinar cuál es prioritaria para este año. Todo no lo puedes hacer en ocho meses o un año.

-En materia de corrupción en una Comunitat con tantos casos de presuntas tramas, ¿hay medios suficientes?

-Lo cierto es que no ha habido una gran sensibilidad estos últimos años por la Justicia.

-Como por ejemplo.

-Solo quiero recordar que creo que pasaron como ocho meses desde que el Gobierno autorizó la creación del juzgado de Nules hasta que en su momento la Conselleria aprobó poner a disposición el número de funcionarios cuando se estaba instruyendo a Fabra.

-¿Se ha aumentado poco la planta judicial?

-Esta comunidad adolece de una falta de sensibilidad y compromiso en materia de Justicia. La prueba está en que llevamos cinco años sin que se haya creado ningún órgano judicial y la última dotación de medios materiales arranca en 2010.

-¿La última reforma del Gobierno ayuda a poner coto a esa lacra de la Administración?

-La reforma legislativa en sí ha sido muy criticada por asociaciones de fiscales porque los plazos en algunos casos son imposibles de cumplir.

-¿De qué manera influye?

-Hay cierta preocupación precisamente porque esa limitación de los plazos pudiera beneficiar o que pudieran beneficiarse de ellos aquellos responsables políticos involucrados en los grandes procesos de corrupción política y económica.

-¿Cómo se sitúa la Comunitat en el ranking de procesos de corrupción?

-Desgraciadamente estamos ahora en cabeza en procedimientos de corrupción. Por eso, desde la Conselleria hemos querido apoyar a los fiscales anticorrupción, se les ha facilitado nuevos medios materiales. Portátiles y equipamiento para su trabajo fuera de la Fiscalía.

-¿Dos fiscales anticorrupción para toda la provincia de Alicante son suficientes?

-Si son suficientes o no lo tiene que decidir el fiscal provincial, supongo que habrá hecho sus peticiones y reivindicaciones y me consta que la Fiscalía demanda un incremento de fiscales pero no solo por corrupción sino por nuevas atribuciones derivadas de la nueva ley.

-¿No supone una ventaja la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal?

-Los fiscales están muy descontentos por la falta de apoyo material y personal para poder llegar a los plazos de los procedimientos. La reforma legislativa supone un incremento de responsabilidades pero no va acompañada de recursos económicos necesarios y lo que hacen es incrementar los problemas.

-¿Es posible dotar de medios materiales y humanos los juzgados con la financiación actual?

-Es cierto que estamos en una situación económica difícil y los problemas de financiación son conocidos por todos. Arrastramos una deuda histórica por un sistema de financiación injusto por una parte.

-¿Y por otra parte?

-Por una mala gestión de los recursos públicos, en algunos casos delictiva, que también ha incrementado la deuda que tiene esta Comunitat. Pero siempre digo que nunca las dificultades económicas no pueden ser excusa para restar recursos a la Justicia, si no el estado de derecho se vería muy limitado y muy debilitado.