La brecha del agua no se cierra

Hace un par de semanas el presidente Ximo Puig declaró con cierto tono solemne en Alicante que la guerra del agua había acabado. Anunciaba la llegada de una nueva era, de un tiempo nuevo, donde el diálogo y el esfuerzo en común, a la par que la definitiva puesta en marcha de las desalinizadoras, solventarán el déficit hídrico de la Comunitat.

Pero los hechos son tozudos. El mensaje lanzado por el presidente lleno buenas intenciones puede quedar en poco más que palabras ante el desarrollo de los acontecimientos de la pasada semana.

Castilla La Mancha, como volvió a quedar claro y patente, continúa empeñada en enterrar el trasvase Tajo-Segura. La decisión de la comisión de explotación de la Confederación Hidrográfica del Segura de aprobar un nuevo trasvase del Tajo de 20 hectómetros cúbicos en marzo ha desatado las iras del ejecutivo machego.

Por boca de la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, el ejecutivo manchego anunció un nuevo recurso judicial y calificó de «irresponsabilidad» la nueva transferencia argumentando que los pantanos «están agonizando». Para ella la solución, en la que coincide con Puig, es sencilla: «Que de una vez, se pongan en marcha las desaladoras».

Elena de la Cruz hizo estas acusaciones precisamente la semana en la que el agua embalsada en el sistema del Tajo experimentó un incremento de 115 hectómetros cúbicos en la última semana de forma que los pantanos se encuentran al 60,4% de su capacidad frente al 40,3% de los embalses de la cuenca del río Segura.

Los embalses del Júcar la semana pasada se encontraban al 38,6% de su capacidad, siete hectómetros de la que tenían de hace una semana y cinco puntos por debajo del nivel de hace una año.

Pese a ello el ataque contra los regantes valencianos de la consejera castellano-manchega no ha encontrado respuesta alguna desde la Generalitat. Tan sólo el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, realizó una vigorosa defensa de los trasvases como único remedio eficaz para terminar con el estructural déficit hídrico de la Comunitat.

Mientras Castilla-La Mancha se ha dedicado a minar el trasvase Tajo-Segura, el Júcar-Vinalopó, también vital para los regantes, es una de las víctimas de la incertidumbre política por las que atraviesa el país.

La primera transferencia hídrica que se realiza a través de la obra, que ha tenido un coste cercano a los 400 millones de euros y que hasta ahora estaba paralizada, puede frenarse en junio por la inacción de la administración central.

Este es el primer año en el que los regantes han aceptado comprar 15 hectómetros cúbicos, pero para que el agua pueda llegar al Vinalopó necesitan que se prorrogue el protocolo en vigor que termina en junio. La parálisis de la administración hace temer que puedan surgir problemas para conseguir una prórroga.

Además, la inacción de la administración central está afectando a la reparación de la balsa de San Diego en Villena, una infraestructura básica para un correcto y eficiente funcionamiento del trasvase.

Y mientras el Ebro sigue vertiendo agua al mar. El río experimentó la pasada semana la primera crecida del año. El caudal al pasar por Zaragoza era de 1.400 metros cúbicos por segundo, lo que supone que en una sola jornada pasaron por la capital aragonesa tanta agua como sería capaz de producir la desalinizadora de Torrevieja con las ampliaciones aún no realizadas (120 hectómetros cúbicos).

En la desembocadura en Tortosa se vertieron al mar el jueves pasado casi 75 hectómetros cúbicos, una cifra cercana a la capacidad máxima actual de la desalinizadora de Torrevieja a pleno rendimiento.