Infraestructuras desconoce el personal de las contratas aunque está obligada a controlarlo

El tripartito de Alicante se reunió ayer, una vez más, en la comisión sobre la municipalización de las contratas y, de nuevo, el encuentro acabó sin resultados definitivos. Los tres grupos, PSOE, Guanyar y Compromís, no logran ponerse de acuerdo acerca de si los servicios que actualmente se prestan sin contrato deben rescatarse o sacarse a licitación.

El grupo municipal de Guanyar, que es el que apuesta con más ahínco por la municipalización, volvió a quejarse ayer de que la Concejalía de Infraestructuras no pone a su disposición los datos sobre el coste real del personal en las contratas de limpieza de colegios y dependencias, mantenimiento del Cementerio e infraestructuras para actos festivos. Sin ellos, señalan, no se puede calcular con precisión cuánto le costaría al Ayuntamiento asumir este personal.

La edil de Infraestructuras, Gloria Vara, explicó en la reunión que su concejalía no dispone de estos datos, sino que están en poder de las empresas que prestan los servicios y que el alcalde, Gabriel Echávarri, se los ha pedido personalmente.

Obligados por el pliego

Sin embargo, desde Guanyar explican que en los pliegos de estas contratas, al menos la de mayor cuantía, que es la de limpieza de colegios y dependencias, se especifica que el Ayuntamiento pedirá mensualmente a la empresa los TC1 y TC2, que son los documentos para la liquidación de cuotas de la Seguridad Socia y la relación nominal de trabajadores, con sus bases de cotización, en los que se refleja el salario de cada trabajador y el coste total. Según ha podido comprobar este diario, esta exigencia se encuentra, efectivamente, en el apartado 2.9.4 del pliego, relativo a información y documentación que el Ayuntamiento puede exigir al contratista cuando lo desee. Este apartado dice, genéricamente, que el adjudicatario «quedará obligado a facilitar al Ayuntamiento cuanta información le sea requerida sobre cualquier aspecto del servicio, sin exclusión». Pero, además, especifica entre los documentos que se les podrán requerir, «cuantas veces se considere necesario y, como mínimo, el indicado para cada apartado», estos TC1 y TC2 «mensualmente» y las declaraciones de Seguridad Social, también mensualmente.

Por tanto, en Guanyar entienden que, o bien Infraestructuras los tiene y se niega a darlos, o bien no se ha cumplido con lo estipulado en el pliego y no ha habido el control debido del contrato.

El portavoz de Guanyar y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, expuso ayer en la comisión que los últimos costes publicados, en el caso de esta contrata, son de 2012, ya que aparecen en el pliego para renovarla, con el objetivo de conocer el personal que hay que subrogar. Entonces se hablaba de 6,5 millones de euros, que ahora podrían traducirse, como mucho, en 7 millones. Si se suma el coste de asunción del material, que Infraestructuras calculó en 327.000 euros, el coste total ascendería a menos de 7,5 millones. «En el presupuesto se han asignado 9 millones, por lo que sobran 1,5 millones para mejorar las condiciones del personal», consideró.

Este cálculo se aplicaría si se optase por la figura de la transmisión de empresa, que permite subrogar al personal pero manteniendo las condiciones que tiene actualmente en la contrata. Una vía que al PSOE no le gusta porque considera que favorece que haya «empleados de primera y de segunda» en el Ayuntamiento, como ya dijo la semana pasada el alcalde. Ayer expusieron en el encuentro, según señalaron sus socios, que la transmisión implica echar a todo el personal y convocar una oferta para contratarlo de nuevo.

Sin embargo, Guanyar niega que sea así. Para demostrarlo, presentó ayer el expediente de una transmisión en el Ayuntamiento de Alzira. Además, tanto este grupo como Compromís, que se reunió ayer con el comité de empresa, explican que los trabajadores están de acuerdo con esta figura, porque priman la estabilidad que les dará pasar a depender del Ayuntamiento y temen que, si se saca de nuevo a licitación el servicio, verán mermadas sus condiciones.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, destacó que el argumento de la desigualdad no es válido, porque «eso ya pasa, porque son servicios externalizados y los trabajadores los prestan para el Consistorio».

La concejal de Compromís Sonia Tirado, explicó tras la reunión que «a priori, parece que el modelo de Alzira, la transmisión, es más viable económicamente, pero queremos asegurarnos». Para ello, han decidido recabar la opinión al respecto de los técnicos de Contratación, que evaluarán si la figura de la transmisión se ajusta a la ley de contratos públicos, y del interventor, que elaborará un informe sobre si es aplicable en el Ayuntamiento de Alicante. Esperan tenerlos listos para el próximo lunes y tomar la decisión definitiva entonces. «Los informes revelarán la legalidad y oportunidad o no de la transmisión», señaló Vara.

«La negativa por la diferencia de condiciones no se sostiene, porque los empleados quieren y la idea de que hay que echar a todos no es cierta y para demostrarlo hemos invitado a Vara a que nos acompañe a hablar con los compañeros de Alzira», expuso Víctor Domínguez, concejal de Guanyar.