Benavent confirma al juez ilegalidades en contratos y asesores de Imelsa

Marcos Benavent volvió ayer a visitar la Ciudad de la Justicia de Valencia. Sus declaraciones ante la Guardia Civil y ante el juez de Instrucción 18 de Valencia se cuentan por horas. En la tarde de ayer sumaron otras dos en las que básicamente confirmó lo que apuntó en la última declaración ante los agentes de la Guardia Civil: las irregularidades en la contratación de asesores para la empresa pública.

Los diferentes partidos con representación se 'repartieron' la contratación del personal de Imelsa. Se investiga si pese a recibir un sueldo público de la entidad trabajaron, en realidad, para los propios partidos políticos. Tras las revelaciones de Benavent, los agentes citaron como investigados a la denunciante del caso, Rosa Pérez (EU), Emili Altur (Compromís) y José Manuel Orengo (PSPV) También se solicitó la presencia de la cara del PSPV en el consejo de administración de Imelsa: Raúl Pardós. Estos diputados provinciales todavía no han acudido a declarar ante el juez, pero lo más probable es que lo hagan en los próximos días. Se trata de un asunto menor, pero no por ello despreciable para los investigadores en la macrotrama que se rastrea.

No hay fecha decidida para estas comparecencias. Y esta podría variar según la decisión del titular de levantar el secreto de las actuaciones de esta pieza y, en un plazo más breve, en la del blanqueo de capitales que afecta a medio centenar de concejales, exconcejales, asesores y exasesores. Estos hechos pueden llevar a la exalcaldesa Barberá a declarar ante el Supremo. Benavent también relató al juez cómo se ejecutaron los amaños en determinados contratos. Esta era una práctica habitual, según ha podido acreditar la investigación en los últimos meses. Las conversaciones que durante años grabó el exgerente a numerosos responsables del PP fueron el punto de partida de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO).

Desde 2003 se cobraron comisiones por las adjudicaciones de obras públicas en numerosas administraciones. Las ilegalidades se producían en ayuntamientos, el de Valencia figura entre los investigados, la Diputación y también en la propia Generalitat Valenciana.