El PP inicia la batalla judicial contra Moreno y le exige 3.000 euros y que se retracte

La concejal de Juventud y Protección Animal, Marisol Moreno, se ha visto envuelta en un nuevo procedimiento judicial. El segundo desde que tomó posesión de su acta, hace menos de un año, en el seno del grupo municipal de Guanyar.

El grupo municipal popular ha cumplido su amenaza de llevarla ante los tribunales por las declaraciones que hizo el pasado 19 de febrero, en una comisión de Presidencia, en las que acusó al PP de celebrar «las juntas de gobierno en el D'Angelo», un club de alterne, cuando gobernaba en la ciudad, en pasadas legislaturas.

Ayer mismo, los populares iniciaron el procedimiento con la presentación de una demanda de acto de conciliación, que es el paso previo exigible para la presentación, a posteriori, de una querella criminal por un presunto delito de injurias, si la concejal no se atiene a sus requerimientos.

Estos requerimientos son dos. Por un lado, que se retracte de sus declaraciones, «declarando ser falsas las afirmaciones vertidas». Por otro, que satisfaga a los demandantes, el grupo municipal, personificado en el portavoz, Luis Barcala, y la portavoz adjunta, Mari Carmen de España, con 3.000 euros, «en concepto de reparación de los daños y perjuicios morales ocasionados».

Aseguran en la demanda que tal cantidad «se destinará íntegramente a una organización no gubernamental de la ciudad de Alicante, que realice proyectos específicos de apoyo a colectivos desfavorecidos».

Moreno deberá decidir ahora si atiende estos requerimientos en el acto de conciliación, todavía por fijar. Es decir, si paga la indemnización y se retracta de lo dicho, o se enfrentará de manera inmediata a la presentación de la querella criminal por un presunto delito de injurias.

Los populares explican en su demanda que en fecha 19 de febrero se celebró la comisión de Presidencia del Ayuntamiento y citan a todos los que estuvieron presentes en la misma.

Exponen que, durante la celebración de dicha comisión, la demandada procedió a manifestar literalmente ante los allí presentes que «el Partido Popular celebraba sus juntas de gobierno en el D'Angelo». De todo ello, señalan, «han sido testigos los asistentes, quedando expresa constancia de sus palabras en el acta de la sesión».

Añaden que de la situación se hizo eco la prensa de la ciudad y aportan cuatro documentos con las noticias aparecidas en los medios digitales.

El PP asegura que, «evidentemente, las acusaciones que realiza la señora Moreno en la comisión de Presidencia son falsas», que carecen «de verosimilitud alguna» y que han sido realizadas «con la única finalidad de menoscabar la reputación y la dignidad de la institución municipal y de los anteriores miembros de la corporación en cuanto tales cargos públicos».

El escrito recuerda que, además, «la señora Moreno ya fue condenada en el pasado mes de enero por la Audiencia Nacional por la comisión de un delito de injurias graves al Jefe del Estado».

Se trata del procedimiento iniciado a instancias del grupo municipal de C's, al que después se incorporaron también el PP y Manos Limpias, a raíz de la publicación de varios mensajes en internet. Entre ellos, uno en su blog, en el que, a raíz de su polémica cacería en Botswana del Rey Juan Carlos I, en abril de 2012, señaló que se trataba de una «familia de vagos, estafadores, borrachos y asesinos». Fue por este mensaje en concreto que fue condenada por la Audiencia Nacional a pagar una multa de 6.000 euros, por un delito de injurias al Rey fuera del ejercicio de sus funciones.

Y es que el delito se cometió mucho antes de que fuese elegida concejal del Ayuntamiento de Alicante, al contrario de lo que ocurre con la nueva demanda interpuesta.