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Puig y la representante de la CE en España, Aránzazu Beristain.

La CE investiga si fondos europeos terminaron en tramas corruptas

Bruselas envía una carta a la Generalitat en la que reclama los proyectos subvencionados y los organismos sujetos a pesquisas

A. G. R.

Jueves, 10 de marzo 2016, 01:41

Bruselas sospecha que las tramas de corrupción que durante años han operado en la Comunitat pudieron aprovecharse de fondos europeos bien directamente o a través del cobro de comisiones en proyectos financiados por el resto de países miembros. La Comisión Europea quiere despejar cualquier atisbo de sospecha sobre el destino final de su dinero. Por este motivo insta al Ministerio de Economía a que encargue una investigación al respecto y le remita los resultados en un mes.

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Las probabilidades de que el fraude haya afectado a estos fondos son elevadas. La enumeración de los asuntos de corrupción puede resultar agotadora. Los más destacados, y no necesariamente por este orden, serían: Gürtel, Emarsa, Cooperación, Fórmula 1, Emarsa, Aido o el más reciente caso Imelsa que, de entrada, se prevé que supere a todos los anteriores no sólo por dinero distraído sino por número de imputados. La última información oficial del TSJ elevó a 115 las personas, físicas y jurídicas, investigadas en esta causa.

Todos los indicios anteriores sustentan la enorme preocupación que la directora general de Política Regional y Urbana, Charlina Vitcheva, traslada al director general de Fondos Europeos del Ministerio, José María Piñero, para que analice la situación en la Comunitat. La carta está fechada el pasado 16 de febrero cuando la intensidad de las informaciones periodísticas se centraba en la trama comandada supuestamente por el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y el dirigente Máximo Caturla.

«Dichos artículos se refieren al supuesto cobro de una comisión del 3% cargada a empresas que se beneficiaron de contratos públicos adjudicados por los diferentes niveles de la administración valenciana. Según estas informaciones, dichos casos están siendo investigados por las autoridades españolas», señala Vitcheva.

No existe, por el momento, una cuantificación ni siquiera aproximada de la cantidad de dinero que pudo defraudarse. De hecho, en la carta se reconoce que no está claro este aspecto debido a que las investigaciones están en curso. De igual mod se ignora «en qué medida los fondos europeos se podrían ver afectados».

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La responsable europea pide que se informe sobre el importe total y el importe total certificado del mismo. Y recuerda que no se puede enviar la certificación de proyectos a financiar sobre los que existan sospechas hasta que estas no sean despejadas de manera definitiva. La mayoría de estos fondos a analizar provienen del programa operativo 2007-2013.

El futuro ofrece otras alternativas a la hora de poder optar a este tipo de subvenciones. Por ejemplo, el nuevo proyecto de inversión europea conocido como plan Juncker ofrece la posibilidad de puentear a la Administración valenciana y trabajar directamente con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

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De este modo, las empresas privadas podrán capitanear programas de infraestructuras y transportes, energías renovables, economía digital e innovación. La idea se anunció en una jornadas desarrolladas en la sede de la patronal valenciana Cierval con la participación de la Comisión Europea en España.

Hasta ahora, Bruselas convocaba las iniciativas, la Generalitat las canalizaba y las empresas se acogían a ellas.

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