Coepa solicita el concurso de acreedores y se queda a un paso de su desaparición

La patronal alicantina Coepa formalizó ayer en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante la solicitud de concurso voluntario de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas, particularmente a los casi 4 millones de euros que debe al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por un crédito destinado a construir el polémico centro de oficios del alicantino barrio de Babel y a medio millón en cuotas durante el último lustro a la patronal matriz regional Cierval. La decisión era cuestión de muy pocas horas y, aunque el presidente interino, Francisco Gómez, tenía todavía un halo mínimo de esperanza ante una llamada 'in extremis' al alcalde Gabriel Echávarri, la tramitación se realizó ayer mismo y no hoy como Coepa tenía previsto, dado que ni el Ayuntamiento, ni la Generalitat Valenciana, a través de su banco público o de alguna Conselleria, han movido ficha.

La decisión sitúa a la principal organización empresarial de la provincia, que acumula 38 años de historia, a un solo pie de su liquidación y de la desaparición total. Incluso el presidente Francisco Gómez, que asumió las riendas de modo estatutario y «por responsabilidad» tras la dimisión de Moisés Jiménez el miércoles de la semana pasada, habla abiertamente de la «reinvención» patronal. Es decir, de una refundación de la confederación empresarial que aglutine a todos los sectores y federaciones de empresarios alicantinos. Coepa representa a 40.000 pequeñas y medianas empresas con 230.000 trabajadores y acapara más del 90% de la negociación colectiva provincial y sectorial.

Su liquidación puede ser el único camino que halle el administrador concursal que designe el juez, ya que la organización vendió el principal activo que tenía, su sede frente al Teatro, hace ahora dos años para tomar oxígeno financiero y pagar algunos agujeros, entre ellos varios créditos bancarios. Su sede actual pertenece al patrimonio sindical del Estado y, aunque en el centro de oficios, los edificios y resto de material están tasados por Coepa en 6 millones de euros, su salida sigue siendo muy compleja al estar sobre suelo de titularidad municipal. El Ayuntamiento, previsiblemente, esperará a que pasen quince años para recuperar el suelo al acabar la cesión. El IVF, por su parte, declinó siempre la dación en pago por ese motivo (no puede después enajenar los edificios a un tercero) y ahora esperará a la liquidación como acreedor preferente para quedarse los activos construidos. El otro acreedor importante es Cierval, a quien Coepa adeuda casi medio millón de euros en cuotas desde hace un lustro.

La antigua suspensión de pagos en Coepa se precipitó a mediados de octubre. Como adelantó este diario, la Abogacía General de la Generalitat, por orden del IVF (dependiente de la Conselleria de Hacienda), pidió a un juez de Primera Instancia de Alicante el embargo de todos los bienes e ingresos de la patronal al seguir sin devolver el crédito (3,9 millones incluyendo intereses naturales y de demora). A las pocas semanas, el 11 de noviembre, la junta directiva solicitó el preconcurso para ganar tiempo y tratar de negociar con las Administraciones una salida menos traumática, que no ha llegado por lo complejo de la operación en suelo cedido. El IVF insistió ayer en que el concurso no paraliza la demanda de embargo, que se instruye en otro juzgado.

En declaraciones a este diario, el presidente Gómez afirma que «en concurso voluntario se sigue pudiendo negociar con los acreedores, aunque si el juez y el administrador concursal deciden la liquidación, pues nos tendremos que reinventar para tener representación, si no el tejido productivo de la provincia se queda cojo». «No estamos tan locos para destruirlo todo, vamos a ver los acontecimientos, aunque yo, que estoy en funciones, voy a luchar hasta el final e intentarlo todo, si bien Coepa son unas siglas y los empresarios mucho más que unas siglas», subraya el también presidente de la potente Asociación de Empresa Familiar de Alicante.