Navarro, tras declarar ante el juez: «Me he quitado un peso de encima»

El exalcalde de Benidorm y actual edil del PSPV-PSOE, Agustín Navarro, declaró ayer ante el juez que instruye el caso de las contrataciones presuntamente irregulares de trabajadores en el ayuntamiento durante su mandato, una causa en la que está siendo investigado. Navarro acudió acompañado por su abogado y, al término de su declaración judicial, que duró dos horas y media, no quiso ofrecer detalles de la misma a los periodistas por «respeto a su señoría».

Navarro señaló que había respondido a las preguntas que le habían formulado el juez, su abogado y los letrados de los otros dos investigados en la causa. Sin embargo, no contestó a las preguntas que le hizo el representante legal de la parte denunciante, el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB).

Navarro dijo estar «tranquilo a nivel personal» y haberse quitado «un peso de encima» por haberse podido explicar, «tras estar tres años con la etiqueta de imputado (ahora investigado)».

Sin querer precisar demasiado, el exalcalde señaló que el juez «sí ha entrado en más detalles» que en las anteriores declaraciones que él mismo realizó meses atrás con las dos jueces sustitutas que habían llevado el caso.

Las preguntas realizadas «tienen que ver con la denuncia interpuesta por el SPPLB», indicó Navarro, quien añadió que «no ha habido cambios sustanciales» con respecto a sus otras comparecencias.

Después del exalcalde tenía que prestar declaración la jefa de Personal, Carmen Navarro, y después de ella el turno era para el exconcejal de Recursos Humanos Juan Ramón Martínez.

Se da la circunstancia de que Martínez ya acudió a declarar como testigo el pasado 29 de enero de 2015 y, después de aquella prueba testifical, el juez decidió su imputación (ahora investigación).

En el auto se recogía que Martínez había manifestado en su declaración que «él era el máximo responsable político de los hechos en materia de recursos humanos, en la fecha de los hechos, por delegación del alcalde, y que, mientras ejercía sus funciones, éste nunca intentó influir en sus decisiones, ni en las del departamento para obtener ningún beneficio económico».

A los tres investigados se les acusa de los presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa en su modalidad de nombramientos ilegales, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.