Castilla-La Mancha impugna ante el Supremo los planes de cuenca del Tajo, del Segura y del Júcar

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha acordó ayer autorizar a los servicios jurídicos de la Junta a impugnar los planes hidrológicos del Tajo, del Júcar, del Guadiana y del Segura, así como de forma indirecta el Decreto que regula las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, justificó la decisión porque los planes no garantizan «en absoluto» agua para Castilla-La Mancha y la perjudican considerablemente.

Asimismo, dijo que el Gobierno castellanomanchego entiende que no garantizan el principio de equidad dentro de las cuencas, porque las restricciones de agua y el déficit se trasladan a Castilla-La Mancha y a sus ciudadanos. Tampoco garantizan los caudales ecológicos (solo unos caudales mínimos) que deberían de garantizarse para cumplir la directiva marco del agua y los requisitos de la Red Natura 2000.

No se cumplen los objetivos medioambientales particularmente en el plan hidrológico del Tajo, que según De la Cruz «está totalmente intervenido y sujeto a los intereses particulares de otras regiones» ya que «existen unas restricciones que se perpetúan en la cuenca cedente y que en ningún caso se trasladan a la cuenca receptora». Asimismo, señaló que se quiebra el principio de prioridad en la cuenca cedente, se impone un régimen no natural al río, «con unos desembalses artificiales y marcados de forma estacional» y el umbral de sequía se impone a la cuenca cedente.