El Síndic insta a recuperar el barrio José Antonio

El Síndic de Greuges de la Comunitat ha recomendado al Ayuntamiento de Alicante y a la Conselleria de Vivienda que adopten todas actuaciones que sean necesarias para la rehabilitación, regeneración y renovación urbana del barrio José Antonio de Alicante, según un comunicado de esta institución.

El defensor del pueblo valenciano resuelve así la queja presentada por una vecina que denunciaba la situación de "degradación" en la que, a su juicio, se encuentra en la actualidad esta zona de la capital alicantina.

Esta mujer exponía el "inadecuado" estado de conservación de las zonas comunes de las viviendas que integran el barrio (aceras, arbolado, bancos y demás mobiliario urbano), así como problemas de inseguridad ciudadana y ocupación ilegal de viviendas públicas vacías.

El Síndic se dirigió a la Conselleria de Vivienda y al Ayuntamiento de Alicante para recabar la información de la que disponían ambas administraciones al respecto.

En concreto, la Conselleria explicó al Síndic que el barrio está inmerso en un proceso de regeneración y renovación urbana en fase de análisis.

Sobre las ocupaciones ilegales, la Conselleria mantiene que desde la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (Eige) se realizan inspecciones periódicas para detectar dichas situaciones y, en su caso, trasladarlas a una comisión mixta formada por el consistorio y la Eige en busca de soluciones para estas familias.

El Ayuntamiento de Alicante, por su parte, informó al Síndic de que los espacios y zonas comunes a las que se refiere la queja no son de titularidad municipal.

Pese a ello, la corporación municipal afirma que lleva a cabo algunas tareas, en especial de limpieza y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público, con el fin de preservar las condiciones de salubridad en la zona.

También indicó al Síndic que "la seguridad ciudadana en general, y la investigación y persecución de los delitos contra el patrimonio en concreto, es competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y no de la Policía Local".

Todo ello, añadía, sin perjuicio de las actuaciones efectuadas por la Policía Local tendentes a evitar que se comentan actos delictivos.

A pesar de las medidas adoptadas y reportadas por las administraciones implicadas, el Síndic estima que éstas no han logrado paliar los problemas de "degeneración urbana" que vienen padeciendo los vecinos de la zona.

Esta institución entiende también que la Administración debe asumir la garantía, de forma directa, de facilitar y entregar una vivienda asequible a quienes la necesitan y de mantener las condiciones de dignidad de las viviendas públicas que se han promovido y, en todo caso, de aquellas que resultan ser de su propiedad y se hayan cedido en régimen de alquiler.

Por ello, el defensor del pueblo valenciano insiste en la necesidad de que los poderes públicos implicados lleven a cabo actuaciones de rehabilitación edificatoria, renovación y regeneración urbana en este barrio alicantino.