Bonig pisa el freno y retrasa la expulsión de los ediles de Valencia

Isabel Bonig ha presumido en alguna ocasión de que la reconocieran con el sobrenombre de 'la Thatcher de la Vall'. Un apodo con el que la presidenta regional del PP se ha sentido tradicionalmente cómoda, dada la determinación y la fortaleza de carácter atribuidas a la exprimera ministra británica. Resulta imposible siquiera especular con la forma en que la 'dama de hierro' habría reaccionado a la crisis que afronta el PP de la ciudad de Valencia, y en especial a la negativa de los nueve concejales populares rebeldes a entregar su acta de concejal. Quizá les habría retenido hasta obligarles a renunciar. O habría anunciado una expulsión fulminante.

Bonig no siguió ayer ese camino, aunque el martes daba la impresión de que sí lo iba a hacer. Como estaba previsto, la presidenta del PPCV encadenó durante la tarde de ayer reuniones individuales con cinco de los nueve concejales investigados por blanqueo en el caso Taula -Alfonso Novo, lo había hecho el día anterior y el resto lo harán entre hoy y los próximos días-. El objetivo: recordarles el compromiso alcanzado hace un mes, por el que tendrían que dejar el acta si seguían investigados (el término que sustituye al de imputados tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

El resultado de la reunión estaba cantado desde la comparecencia pública el martes de los ediles, anunciando que no encontraban motivos para dejar sus puestos. De manera que las reuniones se convertían en el último intento de la presidenta regional para frustrar la rebelión. O acta o expulsión, se había transmitido desde la calle Quart.

Pero la líder del PP valenciano optó ayer por pisar el freno. En las reuniones con los concejales, la presidenta regional les recordó el compromiso adquirido, y les advirtió de que la consecuencia sería la petición del acta. Pero no dio el paso posterior. En su lugar, tal y como explicó a la salida la número dos del PPCV, Eva Ortiz, la dirección regional les comunicó que la próxima semana se les notificará formalmente su situación: es decir, que si no dejan el acta, se les abrirá un expediente que derivará en su expulsión.

¿Por qué? Fuentes de la dirección regional del PP valenciano recordaron que la situación judicial de los concejales no habilita ahora mismo su expulsión del partido. Es decir: no hay un motivo para apartarlos. La única razón para comenzar ese procedimiento es el de la indisciplina. El PPCV tiene que comunicarles formalmente que se comprometieron hace ahora un mes con el partido a dejar el acta. Y darles un plazo para que tomen una decisión. La ruptura de ese compromiso -que contó incluso con un comunicado por escrito hecho público por las dos partes- es la que permitiría a la dirección regional expulsarles. «De otro modo -se explicó- podrían tumbar la medida en los tribunales».

Con la expulsión, el PPCV podría dirigirse al secretario del Ayuntamiento para requerirle, en aplicación del artículo 134.4 de la Ley Electoral Valenciana, que les aparte del grupo popular. Hacerlo de otra manera abriría la puerta a un procedimiento judicial que eternizaría el caso. Y en el que los concejales tendrían las de ganar. El PPCV da por perdida las actas -aún se confía en algún concejal- y trata ahora de que la expulsión del partido no termine en empastre.

Seis de los nueve

Ante Bonig desfilaron seis de los nueve concejales del PP de la ciudad de Valencia investigados por Taula. Sólo Alberto Mendoza, que alegó problemas familiares, María Jesús Puchalt -que dijo estar fuera- y Félix Crespo -al que la reunión con la presidenta popular cogió en las horas previas a la concesión de los premios falleros-, evitaron la reunión con Bonig. Lo cierto es que durante la mañana se especuló con que buena parte de los concejales plantarían a la presidenta regional -así se lo transmitieron la víspera a la propia Bonig-. Sin embargo, la contundencia de la actuación de la calle Génova con Rita Barberá, a la que el martes se abrió expediente informativo igual que al resto de medio centenar de concejales, exediles y asesores investigados por la causa del blanqueo, provocó que las ausencias fueran menores. Bonig ya comenzó sus reuniones con los concejales del PP de Valencia el mismo martes. Nada más conocer el contenido de la comparecencia ante los medios de comunicación ofrecida por los ediles populares, citó de urgencia en la sede del partido a Alfonso Novo. El hasta hace poco presidente del partido y portavoz municipal mantuvo un encuentro que fuentes populares calificaron de «tenso» con Bonig.

En esa reunión, la presidenta regional reiteró los argumentos que ha venido esgrimiendo los últimos días en relación con este asunto. Bonig advirtió a Novo de las consecuencias que tendría el 'enroque' de los concejales populares -en el caso de que se negaran a dejar su acta-. Pero no le convenció. El concejal insistió en la tesis que había sostenido ante los medios de comunicación: de la lectura del sumario no se deducen hechos contundentes ni pruebas de cargo que obliguen a los concejales a abandonar sus puestos. Todo lo contrario: a su juicio, los testimonios que sostienen la acusación -a partir de las grabaciones realizadas a la exedil María José Alcón y las declaraciones de cinco asesores de alcaldía- carecen de peso y tienen que ver con su incierto futuro profesional. Durante la jornada de ayer, dirigentes del PP valenciano cercanos a Bonig se pusieron en contacto con los concejales para tratar de hacerles ver la conveniencia de evitar poner en marcha un hipotético expediente disciplinario, que tendría como consecuencia obligada la expulsión del partido. Las fuentes consultadas por este diario explicaron que la calle Quart llegó a recomendar incluso a los concejales que se pensaran solicitar la baja voluntaria como militantes del partido. La medida, se explicó, cerraría de inmediato el expediente abierto por la calle Génova -no se puede actuar contra quien no forma parte del partido- e impediría la suspensión cautelar de militancia que acompañaría al expediente disciplinario.

Las mismas fuentes precisaron que incluso la dirección regional llegó a ofrecer la posibilidad de que si, una vez resuelta la causa judicial de Taula, los concejales quedaban eximidos de toda culpa, siempre podrían volver a solicitar su reincorporación al partido. «Mejor apartarse por propia voluntad que esperar al proceso de expulsión», señaló esta fuente, que remarcó que si se ponía en marcha el procedimiento para apartar del partido a los concejales, ya no quedaría opción para una hipotética reincorporación posterior al partido.