La Generalitat recurre al Supremo la repercusión de la multa de la UE

La Generalitat interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Gobierno de repercutir al actual ejecutivo valenciano la multa de la UE de 18,9 millones de euros al Reino de España por manipulación del déficit en las etapas de gestión de Francisco Camps y Alberto Fabra.

Según ha informado el Gobierno valenciano al término de su sesión plenaria de hoy, "la decisión de endosar la sanción al actual Gobierno de la Generalitat por la gestión del anterior Consell es claramente contradictoria a los intereses de los valencianos".

Para el ejecutivo valenciano, "el Gobierno central demostró una grave negligencia de sus competencias al no garantizar la realidad y veracidad de los datos que comunica a los organismos europeos", ya que gran parte de la información ya había sido revelada en sus informes por la Sindicatura de Comptes y por tanto el Gobierno central era conocedor de la situación y no puso objeción a los datos.

Las autoridades europeas impusieron la multa al "constatar que los anteriores gobiernos valencianos incurrieron en una manipulación de los datos de déficit al no contabilizar gastos de Sanidad por importe de 1.891 millones, correspondientes al periodo 2008-2011".

Los datos manipulados se remitieron al Gobierno central entre enero y abril de 2012, pero la necesidad del Consell de acogerse al Mecanismo Extraordinario de Financiación para el Pago a Proveedores obligó a aflorar los citados 1.891 millones de gasto sanitario oculto, según el actual ejecutivo valenciano.

El Consell sitúa al Ministerio de Hacienda como "único y exclusivo responsable" de los datos de déficit, y que debería haberlos contrastado y, en su caso, corregido sus inexactitudes.

Además, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha avanzado que una vez sea firme la cuantía de la multa, la Generalitat se planteará "ir directamente" contra los responsables políticos últimos, que son quienes "escondieron el déficit" por una actuación lesiva contra los intereses de los ciudadanos valencianos y españoles.

El Gobierno valenciano ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a interponer el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, después de haber presentado alegaciones con el fin de archivar y dejar sin efecto el procedimiento abierto, que el Ejecutivo central obvió.

Sobre si la decisión de recurrir cierra las vías al diálogo, ante la reunión que mantendrá el president de la Generalitat, Ximo Puig, con el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, el 4 de abril, Oltra ha asegurado que nunca se han cerrado las vías de diálogo pero el Gobierno valenciano entiende que el Estado no ha cumplido con su trabajo de vigilancia.

Por ello, reclamará a través del "diálogo, de los tribunales y donde haga falta" porque, ha dicho, es "indignante", y ha añadido que con esos casi 19 millones se pueden construir seis colegios.

La vicepresidenta ha indicado, ante esa reunión con Montoro, que el clima "es el que es", en referencia a que la Comunitat Valenciana lleva meses reclamando un sistema de financiación justo que acabe con "una anomalía democrática" que ha llevado a una situación "límite" de esta comunidad.