Las empresas públicas de la Generalitat cometieron ilegalidades en 2014

La red de empresas públicas de la Generalitat es un nicho de irregularidades contables, según un informe de la Intervención General, donde se señala que el entramado de entidades dependientes de la Generalitat cometieron, de manera generalizada, un cúmulo de incumplimientos durante el año 2014.

Los auditores públicos han analizado la contabilidad de 35 empresas. No se ha salvado ni una. Todas incurrieron en algún incumplimiento, en algunos casos tan notorio que los técnicos autonómicos han denegado emitir opinión, un síntoma de que las dudas sobre la escasa viabilidad de esas entidades: Aerocas, Proyectos Temáticos y Ciudad de la Luz.

La portavoz del Consell, Mònica Oltra, dio ayer a conocer el informe de los interventores, dependientes de la Conselleria de Hacienda. Entre las novedades que destaca el departamento que dirige Vicent Soler aparecen los 176,3 millones de coste del Aeropuerto de Castellón al cierre de 2014 y respecto a lo cual el auditor se negó a emitir opinión porque el anterior Consell del PP no presentó un inforne que acreditara el beneficio social o potencial rentabilidad futura de las instalaciones.

El informe pone de relieve un gran número de salvedades y limitaciones en la actuación de los entes públicos, desde el fraccionamiento de los contratos para eludir principios básicos como la concurrencia y la publicidad, el recurso a un mismo proveedor en varias sociedades públicas, el abuso en el procedimiento negociado sin publicidad, la declaración de urgencia motivada de manera insuficiente, la opacidad al no comunicar las adjudicaciones al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat o anomalías en las contrataciones y en el pago de las retribuciones del personal. Oltra ha señalado en relación al capítulo de personal que en 29 de los 35 entes (todos salvo el Instituto Valenciano de Finanzas, la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, la Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, RTVV, Instituto Cartográfico y la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria) no solicitaron, no obtuvieron o no consta la autorización de la masa salarial para 2014, que corresponde legalmente a la Dirección General de Presupuestos.

Además, en cuatro entidades (IVACE, IVAS, EIGE y FISABIO) existe disparidad de condiciones laborales del personal (hay varios convenios colectivos de aplicación simultánea, y en nueve entidades no se dispuso de autorización para la contratación de personal temporal, el IVAS, CulturArts, Misteri d'Elx, Vaersa, Incliva, Fundación de la Fe, Fundación Región Europea, Palau de les Arts y Fisabio.

Ocho entidades superaron el límite presupuestario para los gastos de personal: CulturArts, EIGE, Ciegsa, Incliva, F. de la Fe, Agroalimed, Feports y Fisabio. En el caso de La Luz de las Imágenes, la retribución del personal directivo superó el límite establecido en la Ley de Presupuestos, mientras que se pagó de más kilometraje, dietas e indemnizaciones en algunas entidades.

La vicepresidenta advirtió de que se trata de una fotografía de la red de empresas públicas «de suma gravedad», ya que se dan casos en que se pagaban y se incrementaban los salarios «sin el visto bueno de la Dirección General de Presupuestos» y señaló la posibilidad de trasladar estos casos al Tribunal de Cuentas para iniciar un procedimiento de alcance. Preguntada sobre si se plantea el Consell la posibilidad de recurrir a la vía judicial, Oltra indicó que es la Abogacía de la Generalitat la que estudia el informe y será la que decida si esta es o no una opción. En caso afirmativo, se pondrá a disposición de la Fiscalía el documento.

Por todo ello, el Consell considera fundamental una Ley del Sector Público Valenciano «que ponga orden en los organismos y empresas al tiempo que establezca mejoras en el control y en la transparencia». La normativa no estará lista hasta 2017, y mientras tanto se prepara una «normativa de transición».